Introducción
La suba de precios en bienes y servicios relacionados con la salud no se detiene. El incremento de los gastos en salud presiona el presupuesto familiar, al ocupar una porción cada vez mayor del total de ingresos. La particularidad distintiva de este conjunto de productos es que se trata de bienes inelásticos. Esto significa que la sensibilidad de respuesta de la demanda ante incrementos en el precio es baja. Por otro lado, el estado actual de la salud pública es un limitante extra, que constituye otra barrera efectiva para que los sectores más postergados alcancen niveles de bienestar acordes a los estándares del siglo XXI. Proyectos de creación y/o apertura de nuevos hospitales se encuentran virtualmente paralizados, a la vez que se reducen las prestaciones y la prestación de servicios públicos relativos a la cuestión sanitaria.
El aumento en el precio de los medicamentos es, tal vez, el emergente más sintomático del estado actual de la salud en Argentina. La tesitura se muestra aún más inconveniente al considerar que las principales alzas se registran en los
fármacos de consumo masivo de la población. Hay que tener en cuenta que por ley los medicamentos se tratan de un bien social y, por lo tanto, están sujetos a regulaciones específicas en relación a su abastecimiento. En cuanto a los precios, los pronunciados incrementos ya no resultan un suceso novedoso. De hecho, en informes anteriores de este
Observatorio, se comparó la suba registrada en nuestro país con las demás economías de la región, indicando el deterioro del poder de compra de los salarios respecto del subconjunto de bienes y servicios relativos a la salud.
En este marco, el grupo de los trabajadores pasivos es uno de los más expuestos respecto de esta acuciante situación. En la coyuntura reciente, la espiralización de precios de los dos últimos años sumada a la baja de cobertura de medicamentos gratuitos, afectó fuertemente los niveles de ingreso disponible de esta población de riesgo. Así, debido a los cambios pronunciados en un intervalo corto de tiempo, la jubilación argentina pasó a ser de las de menor cobertura a nivel regional, cuando se la mide en términos de una canasta de medicamentos representativa. Por otro lado, a pesar de que muchos ciudadanos siguen optando por un mayor uso de la salud pública, sufren cotidianamente la falta de insumos, demoras excesivas y carencia de equipamiento adecuado. En el caso de coberturas para sectores más vulnerables, como la del PAMI, se registran faltantes de fármacos básicos, además
de bajas en el porcentaje de cobertura para la compra de medicamentos o la eliminación de un importante número de entrega gratuita. También se registra una merma en la cantidad y calidad de las prestaciones, un combo que
encarece los costos de salud de los afiliados y, en muchos casos, los obliga a tener que incurrir en gastos
suplementarios a partir de resignar parte de sus haberes, acudiendo a socorro de familiares o, incluso, endeudándose.
Otro golpe al bolsillo en materia de salud tiene que ver con el aumento en la medicina prepaga. En 2017 se registraron subas en cinco oportunidades, además de un reciente incremento del 4% en el pasado mes de febrero. De ese modo, la suba para todo el año pasado fue del 31,3%, lo cual representó 7,5 puntos porcentuales por encima de la inflación consolidada 2017. En un contexto de dispersión de precios no controlada, aún existen empresas que sostienen que los aumentos suscitados no alcanzan porque la estructura de costos se disparó. Los incrementos de tarifas de servicios públicos, junto con el efecto de la devaluación de fines de 2015 y el incremento de los costos (incluidas prestaciones) son las principales causas. En ese sentido, la devaluación tiene un doble efecto ya
que, además del encarecimiento de bienes y servicios, también impacta en el precio de los medicamentos que se
traen desde el exterior o utilizan componentes importados.
El índice de precios del consumidor da cuenta de los aumentos mencionados en materia sectorial. En enero de
2018, la inflación acumulada desde hace un año atrás para el IPC nacional es de 25%, mientras que el rubro salud, el
incremento fue del 27,1%. Esta cifra todavía no considera el impacto del incremento de precios de prepagas del mes
pasado. Esta suba en los costos de la salud significa un retroceso en aspectos básicos del bienestar de la población.
Los precios más altos son la consecuencia de una política de liberalización del mercado de la salud, que recompone las ganancias de sectores monopólicos concentrados en detrimento del poder adquisitivo y el bienestar de los
ciudadanos. Por ejemplo, en el país veinte laboratorios concentran el 80% de la producción de medicamento, con
comportamientos colusivos que sostienen al alza los precios.
En ese sentido, el gobierno tuvo expresiones a favor del libre juego de la oferta y demanda de medicamentos, ya que los considera como cualquier otro bien. Tal es así, que, por acción u omisión, programas como el Remediar, que entrega medicamentos gratis a hospitales, han sufrido retrocesos, con el consecuente impacto en los sectores más vulnerables.
Por todo lo expuesto, se dificulta el acceso a los medicamentos para la población en general, incluso al punto
de que personas en estado de vulnerabilidad deben acudir a la vía judicial para acceder a los mismos, en un contexto de deterioro permanente de las alternativas públicas.
