Después de múltiples marchas y contramarchas se sancionó, en septiembre de 2016, la Ley 27.275 con el fin de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la transparencia de la gestión pública. Esta Ley entró recientemente en vigencia. Dentro del universo obligado se encuentra la totalidad de los organismos públicos, entre ellos, las empresas de propiedad estatal (EPE) o empresas públicas. Ahora bien, las EPE, dada su actividad y su naturaleza jurídica, responden, en algunos aspectos, al derecho público y en otros, al derecho privado, por lo cual, constituyen uno de los casos más desafiantes a analizar en materia de transparencia.

El universo de empresas públicas en el Sector Público Nacional conforma en la actualidad un mosaico muy heterogéneo en cuanto al tipo de actividad económica que llevan adelante, sus distintas formas jurídicas y su envergadura en términos del presupuesto y la dotación de recursos humanos que administran.

En la Argentina, así como en la mayoría de los países del mundo, las empresas públicas poseen un alto nivel de participación en sectores clave para el desarrollo socioeconómico tales como la energía, el agua y el transporte. Lo que diferencia fundamentalmente a las empresas públicas de las empresas del sector privado es su objetivo y los tipos de controles aplicables a ellas. Mientras que las empresas privadas buscan maximizar sus utilidades, la mayor parte de las empresas públicas se orientan al interés general y la responsabilidad por la gestión y administración de bienes y servicios públicos. Debido a estas características específicas, las empresas públicas deben desarrollar mecanismos de información, divulgación y transparencia orientados a satisfacer tanto las necesidades del accionista (el Estado), de los reguladores y auditores, de los grupos de interés vinculados a la empresa y de los ciudadanos. El derecho consagrado en la Ley 27.275 comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos y organismos mencionados e incorpora la dimensión de la transparencia activa (publicación de información en forma proactiva), ausente en la normativa vigente hasta entonces. No obstante los avances que esta ley significa, su aplicación efectiva supone grandes y múltiples desafíos en materia de regulación, implementación, control y sanciones para las empresas públicas. Este documento analiza los niveles de transparencia existentes en las empresas públicas del Sector Público Nacional previo a la entrada en vigencia de la Ley 27.275, examina los factores que inciden en la capacidad de las empresas públicas para aplicar mecanismos de transparencia y presenta una serie de recomendaciones con el propósito de promover su implementación en el complejo y heterogéneo universo de las empresas públicas