Si el precio de un bien sube a igual ritmo que los costos y éstos lo hacen al ritmo de la
inflación general, el precio relativo no cambia, con lo que tampoco lo hace el grado de
escasez relativa de este bien.
Si, en cambio, los costos suben al ritmo de la inflación, pero el gobierno decide que los
precios lo hagan a menor velocidad, aparece la necesidad de subsidiar la diferencia.
Este subsidio es una transferencia al consumidor o al productor, significando un gasto
público.
En la medida que la inflación sea sostenida, el subsidio se acrecienta y consecuenteme
el gasto público en subsidios económicos crece a mayor ritmo que la inflación.
En nuestro país, durante varios años los subsidios a la energía y al transporte
permitieron que los precios pagados por el consumidor subieran a menor ritmo que la
inflación. Esto hizo que los subsidios económicos llegaran a representar un 3,8% del
PIB en 2015. Sin considerar a las Rentas de la propiedad como ingresos, el déficit
primario de 2015 fue del 4,3% del PIB. Por ende, los subsidios económicos
representaban al final del mandato del gobierno anterior casi un 90% del déficit
primario.
El actual gobierno priorizó el objetivo de bajar la inflación a partir de una baja real del
gasto público. En esta línea, la disminución real de los subsidios económicos fue
considerada clave.
En el año 2016 los subsidios económicos no se modificaron y terminaron
prácticamente con la misma participación en el PIB.
Año 2017
Durante el año 2017 los subsidios económicos iniciaron un proceso de reducción
nominal y por ende real. Los destinados a la energía pasaron de $210.000 millones en
2016 a $125.000 millones a fines de 2017. Es decir que disminuyeron un 40% en
términos nominales. Por su parte, los subsidios destinados al transporte pasaron de
$80.000 millones a $90.000 millones. Esto implicó un aumento nominal del 13%. Esta
combinación derivó en una baja del peso de los subsidios económicos en el PIB del
orden de 1,5 puntos porcentuales. Se redujeron del 3,7% del PIB al 2,2% del PIB.
Año 2018 proyectado
Durante 2018 está prevista la continuidad de la baja nominal de subsidios en materia
energética y una leve suba nominal de los destinados al transporte. Los primeros
podrían bajar hasta un 45% y los segundos subir un 5%. Este comportamiento implica,
obviamente, una nueva baja del peso de estas transferencias dentro del PIB. Se
proyecta que sea del orden de 0,9 puntos porcentuales.
Como puede apreciarse, hay un cambio de composición notable. Los subsidios al
transporte terminarían explicando el 60% del total de subsidios económicos.

Suba de tarifas igual a la inflación
La contracara de esta baja de subsidios a la energía es la suba de tarifas por encima de
la inflación. Según el INDEC, en los últimos 12 meses los precios regulados subieron un
38%, mientras la inflación promedio subió un 25%. Esta dinámica de precios relativos
es la inversa a la de años anteriores.
En consecuencia, la discusión actual se centra en la magnitud del cambio de precios
relativos que está recibiendo el usuario hoy. En este punto surgen diversas propuestas.
Desde IARAF hace dos semanas se presentó una propuesta para aminorar el impacto
de la suba de tarifas en el valor de la factura, concentrada en una eliminación
transitoria de la mochila tributaria que recae sobre el consumo de energía. En este
punto el Impuesto al valor agregado (IVA) es el principal amortiguador, dado su peso
actual en el monto total de la factura. Como referencia, en ciertas ciudades la mochila
equivale al 27% del valor de la factura. El IVA por sí solo representa un 15%. De
avanzarse en una eliminación transitoria de este impuesto, este es el porcentaje en el
que disminuiría como mínimo el valor de la factura a lo largo de todo el país. El costo
fiscal sería de $30.000 millones anuales, es decir 0,23% del PIB, compartido en partes
iguales entre Nación y Provincias. Este costo fiscal surgiría, en principio, dada la
dinámica actual de suba de las tarifas.
Para una correcta discusión parlamentaria es importante que los legisladores distingan
bien que un IVA del 21% siempre va a ser equivalente a un menor porcentaje del valor
de la factura total. En el mejor de los casos, equivale al 17,3% del valor de la factura. La
cuestión es simple: si algo cuesta $100 y el IVA es $21, la factura es de $121. El
porcentaje del IVA es $21/$121, es decir 17,3%. Algunos legisladores plantean que la
eliminación del IVA de las tarifas equivaldría a una baja de la factura del 21%, lo que es
un error y a la vez una vía para una discusión errónea de un tema relevante.
En relación a las propuestas que han surgido de retrotraer el valor de las tarifas a fines
de 2017 y a partir de esa fecha indexarlas en línea con el salario, resulta necesario
calcular el efecto fiscal que eso tendría. Para estimar el impacto se hace el supuesto
que este año 2018 tanto las tarifas de energía como las de transporte suben a un ritmo
del 20%, lo que implica que los subsidios también deben subir un 20%, de modo tal de
mantener constante la relación tarifa/costo de inicios de año.
Este comportamiento alternativo implicaría que el gasto en subsidios a la energía en
lugar de bajar 0,67% del PIB bajaría solamente 0,10 puntos porcentuales del PIB. En el
caso de los subsidios al transporte, en lugar de reducirse 0,18% del PIB se reducirían
menos de 0,10% del PIB. En total, los subsidios económicos bajarían un 0,7% del PIB
menos que lo que está proyectado.
Como puede apreciarse, la dinámica fiscal cambia sustancialmente ante un esquema
alternativo como el descripto. El gobierno debe bajar el déficit primario de 3,9% del
PIB de 2017 al 3,2% del PIB a fines de 2018. De concretarse un cambio de la evolución
tarifaria como el considerado, el mayor gasto que significa equivale casi exactamente a
la magnitud del esfuerzo fiscal que debe realizarse para cumplir con la meta de déficit
primario.
Lo que explica el cambio de la dinámica fiscal durante 2018 es el cambio de la dinámica
de la indexación de tarifas. En el caso de los subsidios a la energía significa dejar de
bajar nominalmente subsidios a un ritmo del 40% y pasar a subirlos a razón de un 20%
nominal anual, en línea con la inflación.
La situación es compleja. Son $90.000 millones en los que disminuye el ingreso
disponible de los usuarios de energía si la dinámica no cambia por la baja de subsidios.
A esto debe sumarse el menor ingreso por el pago de mayores impuestos
(principalmente IVA) proporcionales sobre la tarifa. Si se avanza en un cambio como el
descripto, ese mismo monto de dinero debe ser financiado de alguna manera por el
Fisco. Resulta vital encontrar un camino de equilibrio, considerando la situación de
todos los actores en juego.