El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) presenta este informe basado en datos de victimización generados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina – Serie Bicentenario para el período 2010-2016, con registros relevados para hogares urbanos en el cuarto trimestre de los años 2010 a 2015 y en el tercer trimestre de 20162 .
El estudio ofrece tasas de victimización frente a delitos “comunes” que afectan a las personas y/o las propiedades, así como indicadores de percepción y sentimientos de inseguridad por parte de la población de 18 años o más residentes en dichos hogares. Desde el 2004 el ODSA realiza un seguimiento de las privaciones materiales y subjetivas que afectan las capacidades esenciales para el desarrollo humano y social, significando una violación a derechos individuales y colectivos fundamentales.
En este marco, es misión del Observatorio de la Deuda Social llamar la atención sobre las “deudas” pendientes de la sociedad con los sectores menos favorecidos. En ese marco, la inseguridad ciudadana constituye actualmente un problema de alta preocupación en la población, en tanto que la situación afecta sus capacidades de desarrollo humano y de integración social.
Por lo tanto, dar cuenta del fenómeno y su evolución en los últimos años ofrece herramientas no sólo para el diagnóstico de la problemática sino también para su atención y corrección por parte del Estado. La seguridad ciudadana es concebida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas.
En la práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales”
A su vez, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo clasifica a la seguridad ciudadana como una modalidad específica de la seguridad humana, y la define inicialmente como una protección universal contra el delito violento o predatorio cualquiera sea su fuente.
En este marco, la seguridad ciudadana implica la protección de la vida, la integridad y el patrimonio de todas las personas contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera en forma «súbita y dolorosa» la vida cotidiana de las víctimas. Al atentar contra la vida, la integridad o el patrimonio de las personas, los delitos impiden el ejercicio de una libertad concreta, sacrifican una opción legítima o destruyen una oportunidad de realización humana. Pero además de este impacto inmediato, los delitos en cuestión afectan negativamente otras variables o procesos económicos, sociales y políticos que a su vez hacen posible el desarrollo social. 4
La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas, las comunidades y sus bienes. En este marco, por seguridad pública debe entenderse el conjunto de acciones democráticas y ajustadas al derecho en favor de la seguridad de las personas y de sus bienes. Justamente, parte del reto actual es armonizar el ejercicio de los derechos humanos con las políticas en materia de seguridad ciudadana.
En ocasiones, cuando el Estado no es capaz de reaccionar en forma eficaz ante la violencia y el delito, se buscan aplicar políticas que se ha demostrado son ineficaces, como por ejemplo el aumento de las penas, la reducción de garantías procesales, o medidas para aplicar el derecho penal a menores de edad, complicando aún más la situación. Ahora bien, corresponde tener siempre presente que la seguridad no se relaciona sólo con la construcción de estrategias para prevenir y perseguir el delito común (no organizado o de oportunidad), sino también para prevenir y perseguir el delito profesional u organizado (trata de personas, proxenetismo, narcotráfico, mercado de autopartes robadas, asaltos a banco y camiones que transportan caudales, piratas del asfalto, etc.) y el denominado “de cuello blanco” (grandes evasiones fiscales, doble contabilidad, invención de empresas fantasmas, lavado de dinero, etc.), o la violencia de género o contra niños, los accidentes de tránsito, la que se registra en el fútbol, etc.
Es decir que la seguridad va mucho más allá del delito común. Aunque muchas de las otras formas de delito no son percibidas como generadoras de miedo, integran también la conflictividad social y constituyen delitos graves contra los derechos humanos. Todos demandan la atención y respuesta del Estado. A
hora bien, si bien no todos los problemas de seguridad ciudadana se resuelven con mayor represión policial contra el delito común, es fundamental que los ciudadanos estén y se sientan más seguros y protegidos en su libertad, integridad personal y patrimonial para dotar de legitimidad a un orden democrático fundado en el bien común. Justamente, es sobre esta particular problemática la que informa, describe y analiza este avance de investigación.
