La política de competencia marca límites a las acciones de las empresas y a su proceso de toma de
decisiones. Las leyes de competencia o antimonopolio rigen la interacción entre corporaciones y otros
actores económicos en el mercado, prohibiendo y penalizando acuerdos anticompetitivos y conductas
unilaterales que dañan injustificadamente la competencia, incluyendo aquellas fusiones y adquisiciones
(F&A) que pueden reducir sustancialmente la sana competencia de los mercados.
Actualmente, más de 130 jurisdicciones1 en el mundo han promulgado leyes antimonopolio
como una forma de asegurar que los mercados sean libres y abiertos, de promover el bienestar del
consumidor y de prevenir conductas que impidan la libre competencia. Ha habido esfuerzos importantes
por mantener lazos estrechos entre las autoridades de los distintos países, con el fuerte compromiso de
incrementar el entendimiento global de las diferentes jurisdicciones respecto a las leyes de anti
competencia y sus procedimientos; contribuir a la convergencia sustantiva y procesal hacia mejores
prácticas; y facilitar la cooperación internacional en la aplicación de la ley, cuando las actividades de
los distintos agentes de la economía traspasan las fronteras.
En Estados Unidos, las agencias de competencia históricamente han actuado fundamentalmente
sobre las normas sustantivas de aplicación, el análisis económico, la equidad procesal, la transparencia
y el trato no discriminatorio de las partes. Sin embargo recientemente la Federal Communication
Commission (FCC), responsable de hacer cumplir las leyes de competencia del sector de
telecomunicaciones ha roto dicha tradición y ha tomado decisiones con una racionalidad menos técnica
en términos de competencia, proponiendo la eliminación de la llamada neutralidad de red2
, favoreciendo
con ello a las grandes empresas propietarias de la infraestructura y dejando a las empresas propietarias
de contenido a merced de las decisiones de las grandes empresas. Son acciones que, por lo demás,
atentan contra la libre competencia.
Las autoridades o agencias de competencia en la mayoría de los países no cuentan con los
instrumentos adecuados para regular toda la actividad de las empresas globales y por ello las
modificaciones de muchos de los marcos jurídicos, entre ellos el de Estados Unidos, impactan en su

relación con el exterior. La globalización ha contribuido, en gran medida, al crecimiento de las llamadas
“superestrellas” o grandes empresas globales, a través de la ampliación de su ámbito de acción en los
sectores económicos y la absorción de las empresas más pequeñas o emprendimientos (startups). Dicha
situación complica la acción de los reguladores para monitorear el control de poder de mercado de
algunas de estas “superestrellas”.
En la primera parte de este documento se analiza el contexto general de la política de
competencia en la realidad económica global y de América Latina, marcada fuertemente por un intenso
proceso de digitalización. Este proceso conduce a un nuevo paradigma basado en el surgimiento de la
denominada “industria 4.0”, que se caracteriza por el uso de tecnologías más avanzadas, la globalización
de los mercados y el estado de híper-conectividad de la economía. El escenario actual conduce a la
construcción de una nueva forma de organización de los medios de producción y de la distribución de
los factores y requiere de una reflexión sobre la viabilidad de los actuales marcos de competencia en el
nuevo escenario global.
En la segunda parte se analiza el contexto de las políticas de competencia a nivel global y sus
marcos legales, así como la institucionalidad construida en torno a dicho cuerpo legal / regulatorio.
Asimismo, se busca examinar las sinergias generadas entre la sana competencia de los mercados y el buen
desempeño de los gobiernos de las empresas en un contexto de fusiones y adquisiciones (F&A). Identificar
el proceso de gobernanza corporativa implica en la práctica un mayor entendimiento del modelo de negocio
vigente, por parte del ente tomador de decisiones de la empresa. Ello requiere conocer cómo operan dichos
modelos en contextos sociales y políticos específicos y buscar oportunidades para aprovechar las nuevas
tecnologías y los procesos que pueden eliminar cuellos de botella en la implementación de los modelos de
negocio. Mejorar la transparencia y flexibilizar la acción eficiente de los reguladores, requiere incrementar
también la eficiencia y efectividad de las consultas.
En la tercera parte se identifican distintas tendencias de la política de competencia en la
economía digital, con especial énfasis en los casos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Se
incluye un análisis de la protección de datos enfatizando los avances en la Unión Europea en cuanto
a normativa en protección de datos y de procesos industriales, dos ámbitos en que la Comisión
Europea ha hecho los mayores esfuerzos con el fin de garantizar la competencia. Algunas
conclusiones complementan el análisis.