Prólogo
Después de dos años de contracción económica, se espera que en 2017 los países de América Latina y el Caribe registren un ligero repunte en torno al 1%. La recuperación se da en un contexto externo de creciente incertidumbre y bajo dinamismo. El crecimiento bajo o negativo ha acentuado los retos económicos y sociales que enfrenta la región, como la insufciencia de la inversión, la baja dinámica de la productividad, el ensanchamiento de las brechas estructurales y el riesgo de deterioro social ante el aumento del desempleo y la reducción del gasto público.
Para enfrentar estos retos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha planteado la necesidad de promover un cambio estructural progresivo, es decir, un proceso de transformación hacia actividades y procesos productivos intensivos en aprendizaje e innovación, que permitan aumentar la producción y que favorezcan la protección del medio ambiente, el empleo con derechos y el mejoramiento de las condiciones sociales de la población. Un cambio estructural con estas características es un instrumento poderoso para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que los 193 países representados en la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron en septiembre de 2015.
De esta manera, la transformación de la estructura productiva iría acompañada de la reducción de la pobreza y de una mejora del bienestar de la población (Objetivos 1, 2 y 3), promovería el trabajo decente, la expansión de la actividad económica y la innovación (Objetivos 8 y 9), reduciría la desigualdad (Objetivo 10) y combatiría de manera decidida el cambio climático y sus efectos (Objetivo 13).
