Un gobierno abierto centrado en el ciudadano

Resumen

Este documento da cuenta del estado de los mecanismos e instrumentos de gestión pública en los países
de América Latina y el Caribe hacia el año 2016. Se aborda la situación de la planificación, la
presupuestación, la ejecución y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas. El análisis del
panorama de la gestión pública en nuestros países fue desarrollado desde la perspectiva del nuevo
paradigma del gobierno abierto. El mismo refiere a la articulación de iniciativas de transparencia,
rendición de cuentas, participación ciudadana, así como también la colaboración entre diversos actores
para la producción de valor público.

Introducción
Un Estado orientado al desarrollo inclusivo y sostenible tiene la capacidad de formular e implementar
estrategias para alcanzar metas económicas, sociales y ambientales, apoyándose sobre instituciones públicas
eficientes y eficaces que operan con probidad, transparencia y un alto grado de rendición de cuentas. La
capacidad de formular e implementar estrategias involucra actores dentro y fuera del Estado; y depende de
factores institucionales y estructurales, así como de las relaciones entre dichos actores. La capacidad
institucional de los gobiernos —la administración pública— se cimenta sobre procesos de fortalecimiento de
los sistemas de gestión pública y del capital humano en el sector público. Sin lugar a duda, buenas políticas
públicas, se complementan con instituciones públicas fortalecidas.
En este contexto, se requiere repensar la institucionalidad pública como una plataforma dinámica que
permita la articulación de los esfuerzos, recursos e iniciativas de los distintos actores del desarrollo, dando
consistencia a una nueva ecuación entre Estado, Mercado y Sociedad. Bajo esta perspectiva y en estrecha
relación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada en septiembre de
2015 por los 193 países miembros en el marco de la 70º Asamblea General de las Naciones Unidas, es
menester configurar un tipo de Estado que responda al imperativo ético que suponen los desafíos expresados
en la Agenda 20301.
Se trata de trazar una ruta institucional que garantice el logro de la agenda en los plazos acordados.
Para ello se requiere tanto de nuevos modelos de relación entre los actores, como de una renovada
arquitectura organizativa y de gestión para la prestación efectiva, oportuna y justa de los servicios públicos.
En este sentido, el Estado ya no posee el monopolio exclusivo para dar respuesta al complejo conjunto de
demandas ciudadanas y por ello, más que nunca, debe sustentar el proceso de cambio apoyándose en las
capacidades, inteligencia y recursos distribuidos en toda la sociedad. Puede decirse que este contexto de
reforma plantea la existencia y la exigencia de un verdadero cambio cultural.
Es por ello que el emergente paradigma del gobierno abierto se postula como un renovado enfoque
de reforma del Estado y modernización de la administración pública, a partir de una nueva forma de articular
las iniciativas de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración de diversos
actores para la co-producción de valor público.

Las políticas de gobierno abierto deben considerarse como un entramado complejo de cambios que
operan de manera transversal en el andamiaje institucional del sector público. Son el sustento de un tejido de
prácticas, valores y cultura que favorece la configuración de una plataforma sobre la cual se construye un
modelo de gobernanza abierta y colaborativa, para, con y a través de los ciudadanos.

Gobierno abierto: una nueva forma de gestión con valor público
Hace algunos años el concepto ―gobierno abierto‖ era un ideal y solo algunos países se encontraban
en vías de aplicar políticas consecuentes con aquella idea. Actualmente, y gracias al arduo y coordinado
trabajo de los países del mundo, el concepto ha traspasado la barrera teórica y se ha llenado de contenido,
materializándose en políticas concretas y casos de éxito en materia de transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana. Incluso, con los años el concepto ha evolucionado y hoy se puede hablar de ―Estado
abierto‖, haciendo referencia a una extensión de los principios del gobierno abierto a todos los niveles y
poderes del Estado.
Hay que entender que el gobierno abierto tiene que ver con la confianza tanto en las instituciones
como en los ciudadanos y entre ellos mismos; tiene que ver con colaborar y con compartir; con la revisión del
modelo de propiedad del conocimiento; con el cambio de la cultura del trabajo; y finalmente tiene que ver
también con el cambio de rol de la ciudadanía, pasando del voto y participación de carácter esporádico a la
implicación activa en los asuntos de la comunidad2
.
Si bien, como se verá en este Panorama, ha habido amplios avances en esta materia, aunque quedan
aún desafíos por abordar. Uno de ellos es de carácter nodal: el gobierno abierto no es una variable más a tener
en cuenta dentro del espectro de políticas de un Estado, el gobierno abierto es una nueva forma de gestión
pública. Se presenta ante nosotros como un marco que debe impregnar todos los aspectos públicos. En otras
palabras, se puede decir que el gobierno abierto es un nuevo modelo de gobernanza.
El desafío consiste entonces en tomar al gobierno abierto como la matriz que articula todo el proceso
de gestión pública. La planificación, el presupuesto, la inversión, la ejecución, y el seguimiento y evaluación
de políticas, programas y proyectos públicos deben estar basados en este paradigma.
Como se ha mencionado, la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible por los países
miembros de las Naciones Unidas ha marcado un hito histórico. Tanto la agenda como los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) fueron formulados mediante un inédito proceso abierto y participativo liderado
por los gobiernos y que involucró a la sociedad civil y al sector privado. Establecen una visión universal y
transformadora que integra las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo, amparadas en
la premisa de ―no dejar a nadie atrás‖
3
.
De este modo, el paradigma de gobierno abierto constituye un eje fundamental para cumplir con los
Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo consiste en configurar un nuevo
marco de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal que permitan promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces, responsables e inclusivas que rindan cuentas.
En este contexto, en la 70º Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2015, once
gobiernos del Comité Directivo de la AGA aprobaron la Declaración Conjunta: «Gobierno abierto para la
implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible», que reconoce el objetivo 164
como una
meta transversal para lograr con éxito el resto de los objetivos.