La construcción de un amplio sistema de indicadores idóneos para aproximarse a la calidad de vida de una población particularmente vulnerable como es la infancia se ha trabajado desde la adhesión al marco teórico de las capacidades como espacio de evaluación del desarrollo humano. De forma complementaria, el enfoque de derechos humanos se constituyó en teoría de alcance intermedio entre tal espacio de capacidades y el mundo empírico. La legitimidad de este modo más integral de representar el ideario humano radica en que, de hecho, el desarrollo humano se halla protegido y promovido por la sumatoria de derechos individuales, sociales, políticos y culturales de alcance internacional que la humanidad ha ido incorporando al ritmo del progreso de la civilización. El enfoque de las capacidades, desde Sen (1980) en adelante, define la pobreza como la ausencia o inadecuada realización de ciertas libertades básicas, en parte como resultado de la falta de acceso a recursos. El ejercicio de libertades básicas es reconocido como un recurso fundamental de la mínima dignidad humana. Esta preocupación, justamente, también motiva la adopción del enfoque de derechos humanos: las personas tienen derechos inalienables a ciertas libertades básicas sin los cuales no es posible una existencia humana digna. Desde la perspectiva de capacidades, la pobreza puede definirse igualmente como el fracaso de las libertades básicas, y desde la perspectiva de derechos, como el incumplimiento de los derechos a esas libertades (Hunt, Osmani y Nowak, 2002). Así pues, desde el enfoque de los derechos humanos, la pobreza consistirá en el incumplimiento de estos derechos en una persona como parte de un conjunto de capacidades básicas. La observación empírica sugiere, no obstante, la existencia de un núcleo común de capacidades consideradas básicas en la mayoría de las sociedades y cuya garantía puede ser legítimamente exigida al Estado (PNUD, 2000; O’Donnell, 2002). En los últimos años se han realizado numerosos aportes en el campo de la definición de la pobreza infantil, tanto desde un enfoque multidimensional y de derechos a nivel internacional, regional (Alkire y Foster, 2011; Minujin y Shailen, 2012; UNICEF/CEPAL, 2012; CEPAL, 2013; CONEVAL/UNICEF, 2013; Shailen y Gill, 2015) como en la órbita local (Tuñón y González, 2013; Tuñón y Poy, 2014; Tuñón, Poy y Coll, 2015; UNICEF, 2016). Estas producciones de referencia, entre otras, han avanzado en consensos en torno a la necesidad de definir medidas de pobreza alternativas a las indirectas, esto es, basadas en ingresos y orientadas a una definición que considere las múltiples carencias materiales, sociales y emocionales experimentadas por las infancias. En la propuesta elaborada y definida por las sucesivas publicaciones realizadas desde del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, el espacio de privaciones en el ejercicio de derechos se delimitó a partir de seis dimensiones: 1) alimentación, 2) saneamiento, 3) vivienda, 4) salud, 5) información, 6) estimulación temprana / educación (Tuñón y González, 2013; Tuñón y Poy, 2014). El criterio de identificación, siguiendo a UNICEF/CEPAL (2012), se centró en el enfoque de unión, según el cual un niño/a se encuentra en situación de déficit en el ejercicio de derechos si registra al menos 1 privación en alguna de las dimensiones consideradas. El objetivo del presente boletín es, pues, informar sobre la incidencia de las múltiples privaciones en las dimensiones de derechos consideradas; describir sus principales determinantes; y realizar un balance del período 2010-2015 a nivel de la población de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de edad residentes en aglomerados urbanos de la Argentina.