LA OTRA DEUDA

En pocos días se conocerá un nuevo dato de la medición de pobreza, correspondiente al primer semestre del año 2018. El último dato oficial (segundo semestre de 2017) daba cuenta de una tasa de pobreza del 25,7%. Es decir que algo más de 11 millones de personas vivían con ingresos menores a los considerados necesarios para estar por encima de la línea de pobreza, la línea de ingresos que mide el costo de adquisición de una canasta básica.

Muy probablemente, esta medición traiga consigo un leve aumento de la tasa de pobreza o, al menos, un detenimiento en su dinámica descendente que mostró desde la mitad del año 2016 hasta fines del año pasado. Los primeros dos años del gobierno de Cambiemos se logró llevar a cabo una reducción de la tasa de pobreza medida por ingresos no solo respecto al 32,2% inicial registrado en la primera mitad del año 2016 sino también con respecto al 29,4% promedio registrado durante los últimos cuatro años del gobierno de Cristina Kirchner. De esta forma, en un lapso de dos años, algo más de 1.500.000 personas dejaron de ser consideradas pobres mediante el método de medición de los ingresos.

El solo hecho de haber evitado una crisis de relevancia macroeconómica marcó una gran diferencia en relación a las últimas transiciones políticas argentinas, logrando ahorrarse un estallido de las cifras de inflación como las ocurridas en la crisis de la hiperinflación de 1989 y de la crisis de 2002, episodios ambos en los cuales en un corto período de tiempo las tasas de pobreza llegaron casi a duplicarse. Esta relativa estabilidad económica, sumada a una reactivación económica con creación de empleo y aumento de la protección social (indexación de programas sociales, ampliación de AUH a hijos de monotributistas, etc.) fueron los elementos fundamentales que permitieron mostrar mejoras en el plano social en un corto período de tiempo. La recesión económica iniciada con la sequía y agravada por la desestabilización cambiaria y la aceleración inflacionaria tendrán su impacto sobre los ingresos reales y los niveles de ocupación que, sin dudas, se verán reflejados en las estadísticas de pobreza. Hasta el mes de Julio, por ejemplo, el aumento en la canasta básica alimentaria ya había acumulado un 22,2% desde diciembre de 2017 y la canasta básica total mostraba un aumento del 20,7%, ratios que probablemente hayan evolucionado por encima de los ingresos de muchos estratos de la población.

Más allá de estas consideraciones, existen factores estructurales que generan condiciones de pobreza más difíciles de superar que una línea de ingreso mínima como puede ser la canasta básica total. Uno de ellos es el acceso a servicios públicos básicos por parte de la sociedad. Si consideramos, por ejemplo, el acceso a servicios de agua potable, gas de red y cloacas, nos encontramos con un panorama más preocupante aún. Más de la mitad de la sociedad argentina está privada de algunos de estos servicios básicos en su hogar. Exactamente el 50,1% de la población no cuenta, al menos con alguno de estos tres servicios públicos. El 11,7% de la sociedad no tiene acceso al agua corriente, el 33,9% no tiene una conexión a la red de gas natural y el 34,3% de las personas no cuentan con el servicio de cloacas.

Estas cifras forman parte de la otra deuda que debe preocupar a los encargados de llevar adelante las políticas públicas y que explica en cierta medida la importancia que el gobierno de Cambiemos le ha dado en un primer momento de su gestión al avance de las obras públicas para la prestación de servicios básicos, en una economía cuya urgencia de corto plazo era la de cerrar un déficit fiscal que hoy pone en peligro la continuidad del programa económico del gobierno y cuyo financiamiento requirió de la asistencia del FMI al haberse cerrado los mercados de créditos internacionales.

Resulta difícil comprender cómo es posible que el país aún tenga en su haber esta enorme deuda social de brindar condiciones de salubridad básicas a los hogares, luego de años en los cuales el crecimiento de la carga impositiva y principalmente del gasto público como porcentaje del total de la economía superó niveles del 45% del total. Un abordaje multidimensional del problema de la pobreza requiere sin dudas atender estas necesidades de infraestructura urbana básicas para comenzar a andar un sendero de verdadera reducción de la pobreza.

Fuente: Invecq

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