El 2017 fue finalmente un año de progresiva recuperación del nivel de actividad, dejando un importante arrastre estadístico
para 2018. Sin embargo, a comienzos de año, la economía real
vuelve a arrojar dudas. A pesar del impacto transitoriamente
expansivo de la cosecha de trigo, la sequía que afecta a la zona núcleo
complica tanto el nivel de actividad como el panorama externo. Esto,
sumado a la demora que exhibe la recuperación del consumo masivo,
anticipa un crecimiento muy moderado entre puntas para 2018.
La inflación, por otro lado, sigue siendo uno de los principales
problemas del gobierno. El fuerte impacto que tuvo la devaluación
en los precios mayoristas echó por tierra la hipótesis de que el tipo
de cambio ya no es importante para explicar la evolución de los
precios, lo cual fue incluso reconocido por el propio banco central.
En un escenario en el cual el déficit comercial muestra un preocupante
deterioro, la mayor volatilidad de los mercados internacionales
deja expuestas las principales vulnerabilidades del régimen
macroeconómico. En la región, la deuda local fue la más castigada,
poniendo de relieve las mayores dificultades que tendrá la Argentina
para financiarse en los mercados internacionales.
Uno de los aspectos más llamativos de los últimos meses son las
dificultades para entender la coherencia interna del programa de
gobierno. Por un lado, la confrontación abierta con los sindicatos,
que tiene el objetivo de lograr aumentos salariales alineados con la
meta de inflación, convive con un visible relajamiento del sesgo
monetario. A su vez, las intervenciones “oficiales” en el mercado de
cambios dan cuenta de las preocupaciones cambiarias, que sin
embargo se ocultan.
En todo caso, la intención de reducir el tamaño del sector público,
más allá de toda consideración distributiva, parece ser el único
norte claro del gobierno, y el sistema previsional el blanco
preferido