Pese a los recientes avances, los países de América Latina y el Caribe siguen caracterizándose por tener elevados niveles de pobreza. Además, existen amplias desigualdades entre diversos segmentos de la población, que se acentúan en áreas rurales donde, de acuerdo con las últimas estimaciones, la incidencia de la pobreza duplica la observada en áreas urbanas. Las desigualdades entre los ámbitos urbano y rural también se hacen patentes en otras dimensiones del bienestar, como la salud, la educación, la inserción en el mercado laboral y el acceso a la seguridad social. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible supone un cambio de paradigma debido a que se trata de una agenda universal que integra las dimensiones económica, social y ambiental como pilares centrales del desarrollo sostenible. Es transformadora porque implica cambios profundos en los modos de producción y de consumo, y, en general, en los estilos de vida y convivencia contemporáneos. Fija un horizonte claro en el tiempo y traza un camino hacia la igualdad entre géneros y generaciones, a la vez que reconoce la importancia de erradicar la pobreza en los años venideros. En sus trabajos más recientes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha fjado la igualdad como el horizonte a perseguir y ha apostado a la transformación de la estructura productiva hacia actividades y procesos productivos que sean intensivos en conocimiento, que estén vinculados a mercados dinámicos, de manera que estimulen la actividad económica y la generación de empleo, y que favorezcan la sostenibilidad ambiental como camino y la política pública como instrumento. Un componente fundamental de dicho cambio estructural progresivo es la transformación incluyente del ámbito rural, que eleva la productividad de las actividades primarias, incrementando las capacidades de pequeños productores rurales para generar excedentes comercializables y acceso a mercados. Esta transformación demanda estrategias para aprovechar la innovación y promover la diversifcación de actividades productivas y medios de vida. La transformación del ámbito rural enfrenta tres fuerzas globales que generan nuevas oportunidades y plantean nuevos desafíos: i) el crecimiento económico, que ha signifcado una reducida participación de las actividades primarias en el producto de los países; ii) la globalización, que ha transformado no solo la organización de los mercados, sino también la confguración y participación de los productores rurales en las cadenas de valor agroalimentarias; y iii) la creciente urbanización, que se ha traducido en una reorganización de los territorios, no solo a nivel nacional, sino también en las zonas rurales, subrayando su complementariedad con los centros urbanos. El compromiso de un desarrollo rural sostenible con la igualdad en el centro y la articulación de políticas productivas y sociales puede allanar el camino de la necesaria adaptación para mitigar las amenazas planteadas por el cambio climático y la degradación ambiental, que incluyen incrementos de temperatura, la intensifcación de episodios de sequía y lluvias intensas, y la reducción en la disponibilidad de agua. El cambio estructural progresivo en el ámbito rural requiere estrategias innovadoras y herramientas para su implementación, así como una mayor capacidad de articulación entre múltiples actores e instrumentos, donde el sector público ocupa un lugar estratégico para actuar como agente catalizador. La evidencia histórica indica que ningún país ha logrado superar la pobreza sin haber alcanzado grandes incrementos en la productividad de las actividades primarias, que facilitan la producción de los excedentes de alimentos, trabajo e incluso recursos fnancieros necesarios para apuntalar la industrialización y urbanización de un país. Si bien en el largo plazo esta transformación supone la convergencia de productividad entre sectores productivos, en el corto y mediano plazo el proceso puede tener un impacto negativo en las poblaciones rurales. Por ello es absolutamente necesario diseñar e implementar políticas públicas que doten a los pequeños productores rurales de las herramientas para superar las barreras que enfrentan en el acceso a recursos productivos, conocimiento, fnanciamiento y mercados. El resultado esperado es un amplio espectro de oportunidades originado en un cambio estructural progresivo y renovadas capacidades de los pequeños productores rurales para aprovecharlas. La inclusión fnanciera, defnida como el acceso de la población actualmente desatendida (donde se destacan los habitantes pobres de áreas rurales) a una oferta amplia de servicios fnancieros adaptados a sus necesidades y ofrecidos por una variedad de proveedores de servicios fnancieros regulados, es una herramienta que potencia la generación de oportunidades que fortalezcan la capacidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A través de la posibilidad de realizar y recibir pagos, así como de acumular activos de manera segura, de apalancar los activos disponibles para invertir en educación, salud y capital, y de mitigar los riesgos, la inclusión fnanciera tiene el potencial de facilitar el logro de mayores niveles de bienestar económico y social por parte de los hogares, así como de un mayor nivel de productividad y crecimiento por parte de las empresas. Además, a nivel regional y nacional, mediante una mejor asignación de recursos, la inclusión fnanciera promueve la movilización de recursos para la innovación, la diversifcación de actividades productivas y la generación de empleos, lo que contribuye a un mayor crecimiento y una mejor distribución del ingreso. El logro del potencial ofrecido por la inclusión fnanciera, sin embargo, supone la existencia de una amplia variedad de servicios fnancieros, proveedores de estos servicios y canales de distribución que se adecuen a las necesidades de las poblaciones actualmente excluidas. Su desarrollo requiere de la decidida acción de políticas públicas orientadas a la implementación y el fortalecimiento de dichos ecosistemas fnancieros inclusivos. En este libro se busca fortalecer el análisis y la formulación de políticas públicas que fomenten un ecosistema diverso de proveedores de servicios fnancieros comercialmente viables, que incrementen el acceso sostenible de los pequeños productores rurales en América Latina a una amplia gama de servicios fnancieros. Para ello, se identifcan las mejores prácticas en materia de políticas públicas, que surgen del contraste de la experiencia de cinco países que se encuentran en diferentes fases del proceso de formulación e implementación de estrategias integrales de inclusión fnanciera. Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)