A alrededor de una década del inicio de una de las crisis más cruentas sufridas por el sistema financiero de EE.UU., un nuevo debate se instala sobre la principal legislación implementada para administrar semejantes desenlaces, la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor.
En julio de 2010, más de un año luego de haberse presentado las primeras propuestas de ley para lo que se convertiría en una de las reformas más comprensivas del sistema financiero norteamericano, la Ley Dodd-Frank fue aprobada por el Poder Ejecutivo de aquel país. La misma instalaría una nueva estructura regulatoria que incluiría la creación de nuevos organismos contralores y requisitos de capital aplicables tanto al sistema bancario como demás entidades financieras participantes del mercado de capitales, particularmente aquellas envueltas en la negociación de derivados financieros menos tradicionales como valores negociables respaldadas por activos (asset-backed securities) y permutas de riesgo crediticio (credit default swaps).
Con ello, se buscó disminuir el riesgo sistémico propio del accionar de estas entidades, elevando exigencias de capital para bancos y su método de cálculo. A la vez, se establecieron procesos de “liquidación ordenada” de entidades sistémicamente importantes (coloquialmente apuntadas como “too big to fail”) en condiciones críticas, minimizando el costo que el erario público deba afrontar a través de operaciones de rescate.
La norma ha encontrado particular oposición por parte del ala republicana y la actual administración el Poder Ejecutivo de EE.UU., quienes plantean que su configuración ha instalado un excesivo bagaje burocrático sobre el sector financiero que incrementa el costo del crédito sin disminuir los riesgos relacionados asociados con entidades “too big to fail”. Con miras a desmantelar dicho esquema el Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos presentó un proyecto de ley denominado “Financial Choice Act”1 (Ley de Elección Financiera), el cual recibió media sanción el 8 de junio del corriente año.
Entre los principales puntos que la ley busca revisar se encuentran:
- Derogar el Título II del Acta Dodd-Frank, el cual dictaminó el establecimiento de una Orderly Liquidation Authority (Autoridad de Liquidación Ordenada). De acuerdo al contenido de esta sección, una entidad financiera considerada en peligro de default (con posibilidades concretas de encontrarse en necesidad de declararse en bancarrota de acuerdo a sus balances) cuya quiebra represente un riesgo sistémico debe pasar bajo el control de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) de manera que esta gestione un proceso de liquidación de activos que asegure que los costos sean sustentados por acreedores y accionistas a la vez que se haga responsable a los actores considerados como partícipes en la gestión inapropiada de la compañía.
- Limitar el uso de la ventana de descuento de la Reserva Federal para casos en que deba actuar como prestamista de última instancia, removiendo facilidades establecidas para entidades de liquidación y compensación determinadas como sistémicamente importantes por el Financial Stability Oversight Council (FSOC). Si bien estos dos primeros puntos se establecen con la prerrogativa de eliminar los rescates a bancos y dar por tierra el problema de las entidades consideradas “too big to fail”.
- Incrementar penalidades tanto monetarias como no monetarias en casos de fraude y manipulación, y transferir ingresos por cobro de multas al Tesoro de los EE.UU.
- Hacer todas que todas las agencias regulatorias se encuentren sujetas a la REINS Act (Regulations From the Executive in Need of Scrutiny Act), bajo la cual requerirán la aprobación del mismo para aplicar normativas o regulaciones que tengan un impacto económico significativo. A la vez, se solicitará a todas las agencias la realización de análisis económico detallado de todas las propuestas normativas y actividades de dichas entidades, incluyendo la Reserva Federal.
- Ofrecer a entidades bancarias la posibilidad de liberarse de ciertos regímenes de supervisión (como los estándares de liquidez y capital de Basilea III) en tanto posean un volumen de capital por encima del exigido por la nueva normativa.
- Introducir proyectos de ley que promuevan el desarrollo de entidades financieras que atienden mercados no apropiadamente servidos y financiamiento para pequeñas empresas y emprendedores.
- Crear la Consumer Law Enforcement Agency (Agencia de Aplicación de Ley del Consumidor) a fines de reemplazar el Consumer Financial Protection Bureau (Buró de Protección Financiera del Consumidor) alterando las funciones y estructura del organismo encargado de defender los derechos del consumidor en los mercados financieros.
La propuesta ha recibido críticas de diversos frentes que no sólo consideran perjudicial la posibilidad de liberar a bancos de procesos regulatorios a cambio de respetar un cierto ratio de capital a activos, sino que apuntan que la ley limitará la capacidad de la Securities Exchange Comission (SEC) de aplicar penalidades a través de procesos administrativos que no requieran de una corte judicial2 y disminuirá el derecho de pequeños accionistas de solicitar peticiones en asambleas3.
1 Para más información, incluyendo el texto de ley completo, ver: https://financialservices.house.gov/choice/
2 Ver http://www.reuters.com/article/us-otc-sec-idUSKBN1852CY
3 Ver https://www.ft.com/content/1f55e9a6-569d-11e7-9fed-c19e2700005f?mhq5j=e2
