Los fiscos provinciales serán afectados por el recorte de las transferencias discrecionales de la Nación, dado el objetivo de acelerar el cronograma de reducción del déficit fiscal comprometido con el FMI. Sin embargo, hay que considerar un conjunto de otros factores para definir el efecto neto que habrá de operar sobre las finanzas provinciales en lo que queda de 2018 y en 2019 (tema de discusión del Presupuesto a ser presentado en setiembre en el Congreso). Debe tener en cuenta, también, el cambio en el reparto de las transferencias automáticas acordado en el Pacto Fiscal de 2017, la devolución a las provincias de la retención del 15 % de la masa bruta coparticipable que se hacía con destino a la ANSES; la merma en la coparticipación y las transferencias automáticas que surge de recortes impositivos en curso de la jurisdicción nacional; el compromiso asumido por las provincias para reducir presión impositiva local en tributos de fuerte recaudación, caso de Ingresos Brutos y Sellos; así como el impacto de la devaluación sobre la carga de intereses de la deuda emitida en moneda extranjera, eventualmente compensado por regalías hidro-carburíferas y mineras. Surge así un cuadro de situación heterogéneo, dependiendo de la mayor o menor dependencia de cada provincia de las transferencias desde Nación, de recursos propios a resignar, del tipo de endeudamiento y de la situación fiscal del momento inicial. Este último factor cobra relevancia, ya que la política de gasto público acordada en la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno será clave de aquí en más, como instrumento para evitar un deterioro fiscal en las provincias: hacia 2022 deberán sacrificar 3,4 puntos del PIB de ingresos propios o transferidos, como contribución al recorte de una carga tributaria que, por lo elevada, resulta insustentable