Empresas públicas, gobernanza y desarrollo: el rol de los directorios

La provisión de gas y electricidad para hogares y empresas, el agua potable, el transporte ferroviario de pasajeros y de carga, la ampliación de la red de fibra óptica que conecta comercios, casas y escuelas en localidades remotas. Las empresas de propiedad estatal (EPE) tienen un alto nivel de participación en la provisión de estos bienes y servicios. En este sentido, su funcionamiento y desempeño afectan a toda la población y son clave para el desarrollo económico y social de la Argentina.

Los desafíos que enfrentan las empresas públicas son de amplio conocimiento, como también la necesidad superarlos para mejorar su desempeño. Pero estos desafíos – de gestión, integridad, y transparencia, entre otros – tienen características particulares: las empresas públicas deben equilibrar los objetivos sociales y la rentabilidad económica, y están sujetos a la influencia política. Esto hace que tengan que conciliar objetivos contrapuestos y afrontar costos sobre su eficiencia obligándolas, por ejemplo, a centrarse en objetivos a corto plazo.

Estas empresas pueden tener un buen desempeño económico y ser instrumentos de política pública efectivos sólo en la medida en que puedan resolver sus problemas de gobierno y gestión interna. Los directorios, en tanto son responsables de la orientación estratégica y el control de la gestión, son el órgano de gobierno que debe afrontar estos desafíos; de ahí la relevancia de conocer su conformación y funcionamiento.

Ahora bien, ¿quiénes son los miembros de los directorios? ¿Cuáles son sus trayectorias? ¿Cómo se los selecciona? ¿En qué marco regulatorio se insertan las EPE? ¿Qué funciones cumplen? Antes de pensar qué podemos hacer para mejorar el desempeño de las EPE, necesitamos entender cómo están conformadas, qué funciones cumplen y en qué medida eso favorece ciertos patrones.

¿Cómo son los directorios de las empresas públicas de infraestructura hoy?

El proceso de selección de los miembros del directorio permite establecer criterios y mecanismos para conformar directorios profesionales, independientes y plurales. Las buenas prácticas definidas por el gobierno y distintos organismos que trabajan sobre el buen gobierno de las empresas públicas, indican que es fundamental establecer requisitos y procedimientos formales y transparentes.

El marco normativo argentino no establece requisitos vinculados, por ejemplo, al nivel educativo, experiencia profesional o independencia política. Sólo la Ley de Sociedad Comerciales define prohibiciones e incompatibilidades. Los directores son elegidos y nombrados por los ministerios en cuya órbita se encuentran las empresas.

Con respecto a su perfil, las buenas prácticas sugieren la importancia de fomentar la diversidad en los directorios. Un primer aspecto que salta a la vista en el caso argentino es que los directorios están formados casi exclusivamente por varones: sólo 1 de cada 20 miembros son  mujeres.

Además, la mitad de los directores no posee experiencia sectorial, y sólo 1 de cada 8, dispone de experiencia previa como miembro del directorio de una empresa.

En relación a la trayectoria ocupacional se observa que la mitad se ha desempeñado exclusivamente en el sector privado, y 3 de cada 4 han tenido trayectoria en el mismo.

Trayectoria de los directores en empresas de propiedad estatal (EPE) en el año 2017

 

Fuente: Cippec

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