Desarrollo Humano e Integración Social en la Argentina Urbana 2010-2016

El Observatorio de la Deuda Social Argentina se ha propuesto este año elaborar una serie de documentos de investigación que cierran la publicación de los estudios denominados “Informes de los Bicentenarios 2010-2016”. Esta serie se inició durante el primer Bicentenario (2010) con un documento que examino los principales cambios que atravesó la sociedad argentina entre 2004 y 2010 en materia de bienestar económico, desarrollo humano e integración social, y continuó luego, hasta el segundo Bicentenario (2016), con la producción de la Serie Barómetros de la Deuda Social Argentina (Años I al VI).

El presente documento “Desarrollo Humano e Integración Social en laArgentinaUrbana 2010-2016”/Documento Estadístico”, forma parte de esta última serie de trabajos que dan fin al ciclo iniciado hace siete años. En este informe se compilan los principales resultados arrojados porla Encuesta de la Deuda Social – Serie Bicentenarios 2010-2016, en 5 dimensiones de desarrollo humano e integración social, siguiendo la perspectiva de derechos que caracteriza a nuestras investigaciones.

Los umbrales de derechos vigentes en la Argentina, son el parámetro que orienta la construcción de los indicadores con los que se procura alcanzar una aproximación al estado de situación del desarrollo humano y social en laArgentina urbana con la mirada puesta en la nueva agenda establecida porlosObjetivos delDesarrollo Sostenible (ODS 2015), las deudas de las dirigencias hacia las sociedades suelan traspasarse de un régimen a otro sin costo de inventario. Es esta una práctica que no le hace bien a la democracia nifavorece a los sectores socialmente más vulnerables.

La información pública veraz, objetiva, amplia y dada a tiempo sirve para que gobernantes, dirigencias y ciudadanos puedan evaluar cursos de acción, identificar riesgos, debatir opciones y consensuar decisiones. El acceso a información pública cierta hace posible que la ciudadanía pueda comprender mejor las políticas de gobierno, sus consecuencias y las decisiones que se toman en su nombre.

Una ciudadanía bien informada puede exigir rendición de cuenta, comprometerse con su tiempo histórico y demandar garantías y eficiencia a las dirigencias económicas, sociales y políticas. En este sentido, en el actual escenario social y político del país resulta imprescindible hacer un balance orientado a entender cabalmente cuál es el real estado de situación social, los riesgos que se corren y los desafíos que deben ser asumidos de manera prioritaria.

Como otras veces hemos señalado, las estadísticas sociales ofrecen información sensible acerca de problemas relevantes que, una vez interpretados, constituyen un conocimiento valioso para la acción, el debate y la definición de políticas. Este modo de generar conocimiento permite hacer comparaciones, establecer relaciones y sacar conclusiones sobre los problemas que preocupan a una sociedad.

La relativa estabilidad que presentan las estadísticas socioeconómicas en la mayoría de las democracias modernas es el resultado de acuerdos político-institucionales y científico-acadé- micos sobre los principales temas y los mejores métodos que permiten conocer y actuar sobre los problemas considerados importantes para la sociedad. Esto hace que los actores democráticos en conflicto acepten como válida la información generada, independientemente de que los datos estadísticos sirvan para fundamentar diferentes proyectos políticos en conflicto. Lejos de esta lógica, la manipulación de las estadísticas públicas ejercida durante los últimos años constituyó un acto perjudicial para el cuidado de la calidad de vida de la población, así como para el funcionamiento pleno de la democracia.

En el actual nuevo escenario, cabe valorarla tarea de recuperar, actualizar y poner en discusión estadísticas públicas confiables a través del propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), como de las distintas áreas ministeriales del gobierno nacional, ávido en general en contar con información que permita establecer diagnósticos, proponer metas, promover acciones y evaluar resultados.

En este nuevo contexto, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, en tanto centro de investigación y extensión académica, espera a través de sus estudios continuar contribuyendo a los fines de una sociedad más conocedora y comprometida con sus grietas sociales. Para ello requiere continuar contribuyendo a visibilizar, comprender y debatir los desafíos que en materia de desarrollo humano, integración social y equidad continúa enfrentando nuestra sociedad. A nadie escapa que las casi dos décadas transcurridas del siglo XXI han constituido una vez más un período altamente controvertido en nuestra corta historia como Nación, así como también para nuestra joven democracia. Ha ido quedando atrás el experimento de la convertibilidad de los años noventa, las reformas neoliberales, la crisis socioeconómica más profunda de la historia moderna de nuestro país, así como el deterioro institucional que generó dicho cataclismo.

A esa etapa le siguieron largos años de importante recuperación de la economía, el empleo y el bienestar social, con reducciones significativas en materia de pobreza, mejoras en la distribución del ingreso y mayores protecciones sociales. Sin embargo, antes de cerrarse la primera década, este proceso habría encontrado límites estructurales para continuar un sendero sostenido de crecimiento con inclusión social. A este agotamiento se sumó el impacto de las crisis financiera internacional de 2009, cuyos efectos sociales negativos lograron ser en parte neutralizados, aunque con mayor déficit fiscal, gracias a las políticas anti-cíclicas del gobierno. En ese marco, la reactivación del período 2010-2011 constituyó el último espasmo de un modelo políticoeconómico que ya mostraba agotado. Luego de las elecciones de 2011, a pesar de los esfuerzos por sostener un clima de consumo, sin nuevas inversiones, en medio de un férreo control cambiario, creciente déficit público y aumento de la inflación, sumado a nueva devaluación, volvieron a crecer el desempleo, la pobreza y la marginalidad social; esto incluso a pesar del aumento sistemático que registraron los programas sociales.

La situación se mantenía relativamente estable porque se desplazaban desequilibrios, se esquivaban deudas y se traspasaban vencimientos. En ese contexto, se llegó a finales de 2015 con un cambio de escenario político, cargado de nuevas promesas, pero también arrastrando fuertes desajustes económicos, deudas sociales y no pocas dudas e incertidumbres en cuanto al devenir. El cambio político quedó signado tanto por entusiastas expectativas como por temores fundados.

Durante el primer año de este nuevo ciclo, por error o decisión, por acción u omisión, las medidas adoptadas condujeron, al menos en lo inmediato, a un aumento –aunque no agudo- del deterioro social. Si bien las medidas emprendidas tuvieron la intención de resolver tanto los desajustes heredados como crear las bases para un nuevo modelo de desarrollo de más largo aliento, son todavía inciertos sus resultados en ambos sentidos. La nueva administración dice estar decidida a brindar soluciones estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayorlibertad económica y seguridad jurídica; a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar. Para tal efecto, en lo inmediato, logró salir del default y avanzó en recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales, instalar un tipo de cambio más competitivo, bajarretenciones a las exportaciones, normalizarlas variables macroeconómicas, normalizarla obra pública, corregir distorsiones en los precios de las tarifas, ajustar el costo laboral por medio de una baja del precio relativo de los salarios, entre otras medidas;todo lo cual se supone debería mejorar el clima de negocios, atraer inversiones, bajar la inflación, retomar el crecimiento, reactivar el empleo y reducir la pobreza. Sin embargo, el primer año de gobierno es al menos ambiguo cuando no negativo en cuanto a los logros alcanzados en estos temas, así como en cuanto a lo que cabe esperar para el futuro inmediato. La situación estuvo lejos en 2016 de poder ser caracterizada como de crisis terminal, no existió una generalizada destrucción de empleos ni deterioro significativo del salario en el sectorformal de la economía. Pero sí tuvo lugar mayor subocupación e inestabilidad laboral, junto a una mayor precarización deltrabajo informal, así como de pérdida de ingresos reales.

Esto condujo a un aumento de la indigencia y de la pobreza, sobre todo durante el primer semestre del año, siguiendo a esto una leve recuperación, quizás todavía muy lenta y de alcance limitado frente a las acumuladas demandas sociales. Frente a esto el gobierno procuró atender la situación social de los más pobres, pero no siempre fue suficiente. Al respecto, las evidencias dan cuenta de que el último año significó un trance complicado para muchos ciudadanos.

En principio, según datos oficiales, el nivel de actividad productiva del país cayó 2,3% con respecto a 2015, y el salario real lo hizo en al menos 4- 5%. Elresultado no puede ser otro que un deterioro de la demanda y calidad de los empleos, y ii) un aumento de las tasas de indigencia y de pobreza medidas poringresos. Aunque en efecto hay evidencias de que el último trimestre habría terminado con tendencia al crecimiento en materia económica, incluso con creación neta de empleo, el proceso es todavía incipiente y sus efectos todavía no son evidentes para la mayor parte de la población.

El nivel de actividad económica se ubicaría en un nivel similar a la que s tenía en 2011, incluso, por sobre el nivel de actividad de 2010. Ahora bien, en materia de deudas sociales estructurales, al menos desde 2010 a la fecha, los datos muestran pocos matices, siendo evidente que 2016 fue un año crítico en un país donde la pobreza real era distinta a aquella que reconocían las estadísticas públicas.

Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina, coincidentes con las nuevas estadísticas oficiales, sabemos que: 1) el desempleo y la precariedad laboral vienen creciendo en los últimos cinco años, y que el último año no fue menos grave en ese sentido, afectando actualmente a casi el 50% del total de los trabajadores, entre ellos a más del 30% de los asalariados y a más del 70% de los patrones, micro emprendedores y cuenta propia, todos ellos todavía población sobrante para el modelo de crecimiento vigente; 2) la pobreza por ingresos luego de caer hasta 2008 y después crecer con la crisis de 2009, volvió a caer en 2011-2012, para luego volver a subir, estancarse y otra vez aumentar durante 2016, subiendo la indigencia a 6,9% y la pobreza a 32,9%, destacando su persistencia a pesar del continuado aumento de los programas sociales de transferencia de ingresos; 3) si bien la infraestructura social no dejó de mejorar durante estos años gracias a la obra pública, sin embargo porla corrupción y otros aspectos adversos, el hábitat urbano, así como los servicios de educación, salud y justicia, siguen reproduciendo desigualdades, conflictividades y desprotecciones sociales, dejando a no menos del 15% de los hogares urbanos en situación de extrema exclusión; y 4) el tejido social tampoco dejo de sufrir un proceso de degradación, afectado porla inestabilidad económica, la inestabilidad social, el avance del narcotráfico y la inseguridad, toda vez que las preocupaciones políticas y judiciales siguen estando alejadas de la vida cotidiana de la gente, enfrentando porlo mismo niveles de credibilidad extremadamente bajos.

Ahora bien, mientras se espera que este plan de ajuste heterodoxo (no centrado en el equilibrio fiscal ni monetario) logre su cometido de recuperar la confianza y reactivar la inversión, algunos actores sociales, en particular los empresarios empoderados supieron y pudieron, una vez más, protegerse frente a la incertidumbre. Entre otros abusos, aumentaron precios antes, durante y después de la devaluación, así como incluso después del ajuste de tarifas, aún a pesar de la caída del consumo y la recesión. La inversión de riesgo requiere para ellos de mayores garantías.

Es decir, la estanflación especulativa ha seguido siendo la moneda de cambio de un empresariado con escasa gimnasia capitalista. Es frente a este comportamiento que los actores sindicales, sabiendo del riesgo estratégico que corren, optaron por negociar salarios reales a la baja buscando cubrirse del desempleo. De ahí la demanda de mayor protección al empleo; aunque no haya existido ni exista, más allá de los problemas estructurales acumulados, una verdadera emergencia ocupacional. Pero el mayor riesgo de empobrecimiento lo están experimentando los segmentos medios bajos e informales del mercado de trabajo. No sólo aquellos hogares que apenas acceden a trabajos de indigencia y que necesitan de la asistencia social para su subsistencia, sino también aquellos que sobreviven en la frontera de la pobreza desarrollando pequeñas empresas, emprendimientos familiares, trabajos por cuenta propia o empleos precarios.

Estos sectores no están siendo objeto de una especial protección frente a la retracción que genera la caída del consumo, el aumento de los precios y el mayorriesgo de despido o de caída de la actividad. Un segmento al cual no llegan los aumentos por paritarias, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumento en los programas sociales, etc. Justamente, es esta masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares los que constituyen los “nuevos pobres” que emergen de medidas de ajuste adoptadas por el actual gobierno. Pero más allá de la necesaria identificación de los sectores más afectados por la actual coyuntura, no menos importante es darluz sobre los límites estructurales que presenta el modelo socioeconómico.

Aunque no es esta la oportunidad para profundizar al respecto, cabe advertir sobre el riesgo que encierra poner demasiadas expectativas en el derrame social que podrían generar las esperadas inversiones. Esto debido fundamentalmente a que el sistema econó- mico argentino presenta una serie de barreras estructurales que operan como freno al desarrollo con inclusión social: a) concentración económica e inserción internacional a partir de una fuerte especialización productiva basada en recursos primarios; b) profundas heterogeneidades en materia de productividad entre empresas, sectores y regiones con efectos directos sobre los mercados de trabajo y la calidad de empleos y las remuneraciones; c) fuerte concentración económica de capitales físicos, financieros, recursos ambientales y de la riqueza, con creciente extranjerización de las empresas líderes; d) imposibilidad para la difusión microeconómica de los progresos científico-tecnológicos; y, no menos importante, e) vigencia de patrones desiguales y socialmente segmentados de consumo, junto a crecientes desequilibrios fiscales y comerciales en el marco de una estructura tributaria regresiva.

Es factible que el gobierno necesite ganar tiempo para que la economía comience a crecer y para generar confianza en que un futuro de desarrollo es posible; sin embargo, muy poco se logrará al respecto si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles. Para ello, siguen siendo necesarias estadísticas sociales creíbles capaces de mostrar las desigualdades e injusticias estructurales que atraviesan a nuestra sociedad. Pero si bien ellas son útiles en función de proyectar objetivos, no son suficientes a la hora de establecer compromisos.

Cualquier salida a la crítica situación actual requiere de una más clara responsabilidad por parte de las dirigencias político-económicos para atravesar con generosidad, compromiso y valentía tanto la presente transición como la construcción de un horizonte de país más integrado, justo y equitativo. En este contexto, el Observatorio de la Deuda Social Argentina espera a través de sus informes seguir contribuyendo a visibilizar, comprender y debatir estos dilemas cruciales que continúa enfrentando la sociedad argentina.

Fuente: UCA

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