El actual gobierno proclamó la reducción de la pobreza como su principal objetivo. Pero para enfrentar un problema, lo primero es tener un diagnóstico. En nuestro Boletín Nº 139, pusimos el problema en cifras en base a datos de 2014. Vamos a intentar actualizar dicha radiografía, utilizando los datos que suministra el INDEC, tras su normalización. Según la información publicada, correspondiente al segundo trimestre de 2016, un 32,2% de la población es pobre. Ello significa que un tercio de la población total -casi 14 millones de habitantes- no tiene capacidad de satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. Para que una persona sea pobre debe darse una de dos circunstancias: 1) Carecer de empleo y, por lo tanto, de ingresos. 2) Estar empleado, pero obtener un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades. Estimando una población activa de unos 25 millones de habitantes y aplicándole la tasa de desempleo del 9,3% calculada por el INDEC para aquel período de 2016, 2,3 millones estarían en la condición 1). Por lo tanto, más de 11,5 millones serían pobres por tener un ingreso insuficiente. Para el período analizado por la encuesta del INDEC, existían unos 9,5 millones de asalariados registrados, esto es en blanco, mientras que un 33,4% de asalariados no estaban registrados, lo cual totalizaría unos 4,7 millones en negro. Este empleo no registrado se localiza mayoritariamente en las microempresas que tienen hasta 5 personas ocupadas. Casi 7 de cada 10 asalariados en este estrato trabajan sin contrato; en el escalón siguiente -de 6 a 10 ocupados-, la proporción es de 4 por cada 10 empleados. Estas dos categorías concentran el 79% del total de asalariados no registrados. El trabajador no registrado percibe un salario que representa un 50% del que obtiene el registrado que realiza una actividad equivalente.
La precariedad laboral es el instrumento que permite compensar la escasa productividad total de los factores, característica de este nivel de empresa. Por esta razón, difícilmente la fiscalización por sí sola pueda ser el eje de una estrategia para eliminar la informalidad laboral. Lo que se requiere es la creación de empleos de alta calidad, con mayor densidad de capital por persona ocupada y mayor nivel de productividad. La reducción de la informalidad laboral es clave en cualquier política que plantee atacar a la pobreza en la Argentina. La tasa de referencia del Banco Central fue negativa en 2016 El Banco Central definió como su principal instrumento de política monetaria la tasa de interés de corto plazo. Hasta diciembre del año pasado, fue la tasa de corte de las LEBAC a 35 días y, a partir de enero de este año, la tasa centro del corredor de pases a 7 días. Tomamos las tasas a mediados de cada uno de los meses, a partir de diciembre de 2015 y las comparamos con las tasas de inflación. Dado que las tasas de referencia están expresadas en valores anuales, también anualizamos la tasa de inflación de cada mes. Se tomó la tasa de variación de los precios al consumidor calculada por la Ciudad de Buenos Aires, a falta de otra serie alternativa.
Para la mayor parte del período analizado, las tasas fijadas por Banco Central resultaron negativas, es decir que estuvieron por debajo de la inflación de cada uno de los meses. Las excepciones son los meses de agosto, cuando la tasa de variación de los precios fue negativa por la devolución a los usuarios de los aumentos tarifarios en el gas; septiembre, en que también se computó parte de la baja de tarifas, y diciembre, cuando se verificó una desaceleración de la inflación.
Finalmente, en enero último, la tasa de referencia convergió con la tasa de inflación. Dado que la tasa de referencia sirve como techo a las tasas que pagan los bancos a los ahorristas por sus depósitos a plazo fijo, si fueron negativas, con más razón lo fueron las remuneraciones a los inversores. En el gráfico siguiente se observa el comportamiento de las tasas pagadas por préstamos a 30 días por el Banco Nación en comparación con la tasa anualizada de inflación. Se advierte que, salvo los referidos meses de agosto, septiembre y diciembre, las tasas pagadas estuvieron siempre por debajo de la inflación mensual.
Una inversión que rindió un 25% La quita y disminución de retenciones, junto con la liberación del cepo cambiario, implicaron una transferencia al sector agropecuario de unos 8.000 millones de dólares (ver Boletín Nº 148). Como resultado, el sector incrementó su producción en lo que se estima unos 2.000 millones de aquella moneda. Es decir que, si consideramos a aquella transferencia como una inversión, puede decirse que la misma tuvo un rendimiento de un 25% en un año. Ello como producto de una cosecha de granos que se estima alcance unas 120 millones de toneladas -un 4,3% sobre el ciclo anterior-, donde se destaca el avance del maíz, con unas 37 millones de toneladas -23% más que en 2015/16- y del trigo, que contribuiría con unas 15 millones de toneladas, un 36% por encima del ciclo anterior. En cambio, la soja aportaría unas 53 millones de toneladas, un 5,4% por debajo del período anterior. La política de precios implementada a partir de diciembre de 2016 daría así sus frutos: por un lado, incrementando el total de la producción agrícola; por el otro, alentando una mayor producción de trigo y maíz, en detrimento de la soja, iniciando así un proceso de “desojización”, tras más de una década en la cual aquella se había convertido en el cultivo de mayor rentabilidad.
En enero volvió a caer el tipo de cambio real Durante enero se verificó una nueva desmejora en el tipo de cambio real, que se ubicó 1% por debajo del guarismo registrado en diciembre del año pasado. En ese sentido, el atraso cambiario acumula ya un 21,2% con relación a diciembre de 2015. El ingreso de divisas provenientes de la cuenta de capital, al que se sumará el que origine la venta de la cosecha, seguirá manteniendo deprimida la cotización de la divisa americana, presagiando que dicho atraso se acentuará a lo largo del primer semestre de 2017.
Índices de inflación Publicamos a continuación las variaciones mensuales y anuales disponibles de índices de precios al consumidor del INDEC y de las provincias de Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Fe y San Luis, así como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Índice de equilibrio fiscal Los datos de enero mostraron un acercamiento de las cuentas públicas al equilibrio fiscal. En efecto, el índice respectivo tuvo un avance de 21,4% respecto de diciembre y se ubicó tan solo un 3,2% por debajo del nivel de equilibrio. Sin embargo, retrocedió un 2,7% respecto del guarismo registrado en enero de 2016. Recordamos que el índice se calcula como el cociente entre los gastos primarios corrientes y de capital y los ingresos tanto corrientes como de capital. El valor 100 indica una situación equilibrada (ingresos iguales a los gastos); por encima de dicho valor denota superávit y por debajo, déficit. Llaman la atención los cambios metodológicos en la presentación de los datos por parte de la Secretaría de Hacienda, si bien es de destacar que por ahora se mantuvo, adicionalmente, la planilla según el formato anterior, permitiendo las comparaciones. En la nueva presentación se modificaron las definiciones, lo cual hace que el déficit primario según la anterior nomenclatura ascendiera a $11.859 millones mientras que, según la nueva, se transforma en un superávit de $3.587 millones. Del mismo modo, el déficit financiero medido a la vieja usanza asciende a $20.973 millones mientras que en la nueva se reduce a tan sólo $5.556 millones.
Aumento en el Índice de confianza en el Sistema Financiero El Índice de Confianza en el Sistema Financiero (ICSF) creció un 3% en febrero, aunque retrocedió un 21,5% con relación a igual mes de 2016. Refleja el avance en los depósitos a plazo fijo en pesos, al tiempo que la base monetaria cayó levemente. Los depósitos a plazo fijo en dólares, en cambio, experimentaron un retroceso, reflejo de la expectativa de una acentuación del atraso cambiario en los próximos meses. Cabe recordar que el ICSF se construye dividiendo el monto de depósitos a plazo fijo del sector privado por el de la base monetaria. Se adoptó como valor 100 el que dicho índice tuvo en 1996, considerando el total de plazos fijos, esto es en pesos y en dólares.
