Estamos llegando a mitad de año y continúan los aumentos de precios en bienes y
servicios básicos para la población. A partir del viernes 1 de julio aumenta el transporte
público, los combustibles y la medicina prepaga, servicio que utilizan seis millones de
personas. Las subas se dan en un contexto generalizado de alza de precios,
desencadenado por un espiral inflacionario que parece no disiparse al menos en el corto
plazo. Así, el primer cuatrimestre consumió un 9,6% de los 15 puntos que el gobierno
fijara como meta inflacionaria. En mayo la suba de precios rondaría un tres por ciento y
el bimestre junio-julio también sería de mucha presión en materia de precios. Los
analistas esperan que la devaluación del peso en el mes de mayo acentúe su traslación
a precios.
En el caso del transporte es preocupante el constante aumento del boleto en los pasajes
de colectivos, trenes y subtes. Millones de pasajeros utilizan diariamente el transporte
público para trasladarse a su lugar de trabajo, además de la movilidad del día a día. Para
los trabajadores de menores ingresos el costo mensual del transporte es una variable
muy importante para calcular el rendimiento de sus salarios. Una alta incidencia
significa resignar otros gastos y consumos, lo que equivale a una disminución del poder
de compra del salario. Si bien se han implementado modalidades que disminuyen el
costo cuantos más medios de transportes se utilizan, esta modalidad abarca solo a una
porción de los pasajeros, y asimismo en algunas ocasiones, por especificidades
puntuales, el descuento no se efectiviza como se había anunciado. El programa de
rebajas y quitas de subsidios al transporte por la cuestión fiscal hace que los pasajeros
costeen el cambio de política.
Por otro lado, la última reforma tributaria modificó el cálculo del impuesto a la
transferencia de combustibles (ITC) por un equivalente que actualiza los cargos fijos
trimestralmente en base al IPC del Indec. Por tal motivo, las naftas y el gasoil subirán
alrededor de un 1,3% desde el 1 de julio. Por el alto precio de las naftas, el incremento
significará una suba de hasta $0,4 (40 centavos) por litro, un guarismo para nada
depreciable a la hora de llenar un tanque. A esto debemos sumar el “retraso” del precio
de los combustibles que el gobierno acordó con las petroleras por la devaluación y la
suba internacional del precio del petróleo, pero que tarde o temprano llegará al surtidor,
con un fuerte impacto en los costos de producción y distribución. Respecto de la
medicina privada, se trata de la segunda suba del año. Hoy viernes sube un 7,5% mientras
que en febrero lo había hecho un 4%. Si se consideran los últimos doce meses, el
incremento de las cuotas supera ampliamente a la inflación. En este caso el salto en las
cuotas se debe a la suba de los insumos y los servicios públicos como gas, luz y agua
que utilizan los centros médicos.

El contexto económico de la coyuntura es de un fuerte retroceso en el poder adquisitivo
del salario, un escenario que podría variar muy poco a pesar de las futuras subas
salariales si la devaluación reciente acelera su traslación a precios. La preocupación del
gobierno por la situación de deterioro social lo ha llevado a tratar de relanzar el programa
de “Precios Cuidados” una iniciativa de la gestión anterior pero que en su momento fue
muy criticada por las actuales autoridades. Lo cierto es que ante la fuerte suba de
precios de algunos alimentos que los supermercados están recibiendo de los
proveedores, desde el gobierno salieron a monitorear los rumores sobre
desabastecimiento de algunos productos del programa y acordar la incorporación de
otros básicos como la harina, el aceite y la yerba mate, en un giro contradictorio en
política antiinflacionaria.
Más allá de casos puntuales, la realidad hoy muestra como el precio de muchos bienes
y servicios se ha actualizado al escenario inflacionista. Menos los salarios que han
quedado en evidente desventaja. Aún muchos gremios que han recibido aumento, las
suban fueron particionadas, lo que impide mantener el poder adquisitivo. Aquellos que
pacten subas salariales del 15% para todo el año, no podrán mantener la capacidad de
compra de su salario y sufrirán un recorte.