Argentina: financiando la brecha de infraestructura

Las restricciones presupuestarias del sector público y el escaso desarrollo del sistema
financiero hacen conveniente la participación del sector privado en la inversión en
infraestructura. Si bien el marco regulatorio permite mitigar sustancialmente los riesgos, no
logra aislar totalmente el financiamiento de la obra pública de la reputación y credibilidad del
sector público, en particular en contexto de volatilidad financiera y cierre de mercados como el
actual junto al surgimiento de escándalos de corrupción ocurridos en la década pasada.
Unidad de Argentina
La inversión en infraestructura impulsa el crecimiento potencial y mejora la
distribución del ingreso, especialmente en países en vías de desarrollo
La bibliografía (Aschauer, 1989) señala que la infraestructura tiene un aporte directo positivo al crecimiento por el
aumento de capital acumulable e indirecto porque mejora la PTF para otras inversiones de capital a la vez que
facilitan el acceso a la educación y la salud, especialmente para los sectores de bajos ingresos. Este aporte
diferencial (Adame et al, 2017) de la infraestructura al crecimiento es mayor en los países no OCDE (0,139) que
en los países de la OCDE (0,112), lo cual potencia el interés por parte de los países de la región y de Argentina
por cerrar la brecha que existe respecto a los países desarrollados en lo que hace, entre otros, a kilómetros de
autopistas, vías férreas y MW de generación y capacidad de transmisión de energía per cápita instalada.
En la última década el sector público fue el principal (aunque insuficiente)
inversor en infraestructura, ya que el congelamiento tarifario desalentó la
inversión por parte de las “utilities” privatizadas
Durante la década de los 90’s en Argentina la inversión pública en infraestructura fue relativamente baja (entre 1
pp a 2 pp del PIB anuales) compensada por la oleada de inversiones provenientes de las nuevas empresas
privatizadas de servicios públicos. Las inversiones en infraestructura de las empresas privatizadas fueron
principalmente en los sectores de energía, agua y telecomunicaciones. Este proceso se dio en un plazo
relativamente corto, con amplia participación de capital extranjero y en el particular contexto de salida de una
hiperinflación y crisis económica donde la privatización de las empresas estatales de servicios públicos fue la
solución más viable para lograr el ordenamiento de las cuentas públicas y mejorar la calidad de los servicios.
Después del colapso sufrido por la economía en 2002, la década siguiente se caracterizó por la primacía del
Estado en la inversión en infraestructura ya que el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y la política
de subsidios dispuesto a partir de ese año dejó a mucha las empresas privatizadas en la década del 90’ al borde
de la quiebra. El gasto en inversión directa del Estado consolidado Nación y Provincias alcanzó un máximo de
más 4% del PIB hacia el final de la década del 2010 (Gráfico 1), momento en el que los superávit fiscal y externo
que habían caracterizado los años previos comenzaron a extinguirse.
Aún con mayor cantidad de fondos públicos destinados a inversión, fue una época sospechada de pago de
sobreprecios y corrupción en la adjudicación de la obra pública y la calidad de la infraestructura no mejoró, como
lo refleja el subíndice de Infraestructura del índice de Competitividad Global publicado por el World Economic
Forum. En el período de una década, entre 2006 y 2016, Argentina empeoró en el ranking de calidad de la
infraestructura total pasando del puesto 68 (de un total de 125 países) al puesto 122 (de 140 países). En el último
ranking 2017-2018 se observa una mínima mejora con Argentina subiendo al puesto 106 de 137 países en total. El
deterioro más fuerte se observó en la infraestructura de autovías y oferta de electricidad (Gráfico 2)

Fuente: BBVA

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