La inflación mantiene su ritmo de avance incesante, a más de
dos años de la “normalización económica” impulsada por los
representantes del establishment. La expresión de la batería
de cambios en materia de control de precios, se centró en el
esquema de metas de inflación, importado de otras
experiencias históricas contemporáneas. Su adaptación a la
realidad económica argentina muestra limitantes, debido a la
disparidad de fenómenos que son causales de la inflación. n
nuestro país, además de visión clásica de una demanda
superior a la oferta, que empuja al regulador a emitir billetes,
se destacan los fenómenos de puja de poder adquisitivo, la
inflación importada y, muy en particular, la inflación
cambiaria.
Los objetivos ambiciosos de la trayectoria de desinflación
reflejaban un optimismo descomedido. El desacople respecto
a los números observados y las proyecciones venideras,
redunda en un alto costo de credibilidad para la autoridad
monetaria. En el marco de un proceso de ajuste tarifario sobre
servicios regulados que aún se encuentra a mitad de camino,
la presión directa e indirecta (vía insumos) sobre precios es
significativa. Por caso, en el primer trimestre de 2018 (y su
continuidad en el corriente mes), se sucedieron una serie de
aumentos de tarifas, definidos o autorizados por el Poder
Ejecutivo. Su impacto efectivo sobre el IPC determinará buena
parte de las perspectivas de cumplimiento de la meta
inflacionaria del corriente período, aunque ya son pocos los
analistas que conservan expectativas sobre el éxito de las
metas de inflación oficiales.
El nuevo aumento de servicios del hogar, transporte, naftas,
prepagas y otros bienes o servicios generan una pérdida en la
capacidad de consumo de la sociedad. Y esto se da
principalmente porque estos incrementos de precios son
superiores a los que se enuncia a través del IPC y con el cual
se negocian las paritarias. El punto es que estos aumentos
tienen una influencia directa en las familias y otra indirecta.
La directa, es el mayor monto monetario que tendrán que
destinar a estas partidas. Y en forma indirecta por su
influencia en las diferentes cadenas de producción que
utilizan estos bienes o servicios como insumos. La influencia
directa muchas veces suele generar mayores perjuicios de los
que se ven reflejados en este índice. Esto sucede porque el IPC
está basado en un promedio de una canasta calculada por la
Encuesta Permanente de Hogares y en ciertos hogares la
incidencia que tienen los servicios y los costes de transporte
público son muchos mayores a los considerados en el índice.
En efecto, el IPC es poco representativo del incremento en el
“costo de vida” en entornos de alta volatilidad como el actual.
Demás aspectos metodológicos en su medición, tales como la
retrasada ponderación en los servicios, producto de la
utilización de una encuesta de gastos familiares de hace más
de quince años, invalidan en parte la posibilidad de realizar
una lectura directa y unívoca sobre los resultados del IPC.