Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe

Mediante la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, los Estados Miembros de las Naciones Unidas trazaron
el camino hacia una mayor dignidad, prosperidad y sostenibilidad
para las personas y el planeta, y se comprometieron a no dejar
a nadie atrás.
Los países de América Latina y el Caribe han desempeñado
un papel relevante en el desarrollo de esa visión, a través de
iniciativas multilaterales que se han traducido en la adopción del
único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), el
primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero
en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los
derechos humanos en asuntos ambientales. El Acuerdo Regional
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina
y el Caribe, adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de
2018 y negociado por los Estados con la participación significativa
de la sociedad civil y del público en general, confirma el valor
de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo
sostenible. Al vincular los marcos mundiales y nacionales, el
Acuerdo establece estándares regionales, promueve la creación
de capacidades —en particular, a través de la cooperación
Sur-Sur—, sienta las bases de una estructura institucional de
apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de
políticas y la toma de decisiones.
Ante todo, este tratado tiene por objeto luchar contra la
desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de
todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo
sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el
centro del desarrollo sostenible.
En este año en que conmemoramos el septuagésimo aniversario
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el
vigésimo aniversario de la Declaración sobre los Defensores de
los Derechos Humanos, este Acuerdo histórico tiene el potencial
de catalizar el cambio estructural y dar respuesta a algunos de
los principales desafíos de nuestros tiempos. Es un instrumento
poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se
adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar
la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza.
Celebro la adopción del primer tratado concluido bajo los
auspicios de esta comisión regional y felicito a todas las personas
que lo hicieron posible. Ahora corresponde a los países de
América Latina y el Caribe llevarlo a la práctica, en beneficio de
las generaciones actuales y venideras.

Fuente: CEPAL

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