Una visión general sobre la reforma previsional

El gobierno plantea su preocupación por la sustentabilidad previsional como justificación para la  reforma previsional propuesta. Resulta llamativo que este planteo sobre la sustentabilidad no haga referencia a la pérdida de recursos que ANSES sufrirá como consecuencia de medidas que  simultáneamente está proponiendo el propio gobierno.
Por un lado, según el pacto fiscal firmado con 23 gobernadores el 17 de noviembre pasado, se prevé modificar el impuesto a las ganancias (eliminar el artículo 104) de modo tal que ANSES perdería el 20% que hoy recibe de lo recaudado por este impuesto, que representa $ 128.452 millones según el proyecto de presupuesto para 2018.
Si bien en el mismo acuerdo se prevé destinar el 100% de lo recaudado por el impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) al ANSES, el adicional por sobre lo ya presupuestado implica sólo $ 60.521 millones. De este modo, en términos netos ANSES perdería $ 67.931 millones en 2018, que representa más del 5% de sus recursos.
Más aún, según el mismo acuerdo con los gobernadores, después de 2022, a más tardar, ANSES
también perdería la recaudación del impuesto a los débitos y créditos.
Por otra parte, según el proyecto de reforma tributaria que impulsa el gobierno se planea reducir
los aportes patronales destinados al régimen de jubilaciones y pensiones, el PAMI, el Fondo
Nacional de Empleo y las asignaciones familiares.
La reducción se logra a través de la fijación de un mínimo no imponible exento de contribuciones
patronales, que se va ampliando progresivamente hasta el 2022. Así, los salarios más bajos
quedarán directamente exentos de contribuciones, aunque se trate de trabajadores de grandes
empresas. Esta reducción de aportes implicará menos costos para el empleador con la contracara
de menos recursos para la ANSES y, en particular, para el régimen de jubilaciones y pensiones.
Es este el escenario en que se plantea la actual reforma previsional, con modificaciones que
buscan principalmente ahorrar recursos previsionales, más allá de que se busque ocultar este
aspecto en su presentación. La reforma plantea tres modificaciones principales: el cambio de
fórmula para la movilidad de los haberes, las asignaciones familiares y la asignación universal por
hijo, la elevación de la edad jubilatoria a 70 años y la equivalencia del haber mínimo garantizado
con el 82% del salario mínimo, vital y móvil.

Fuente: CIFRA

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