Tiempo de paritarias

Por Julio Burdman

El Presidente y el Jefe de Gabinete estuvieron diciendo en las últimas horas que van a luchar para mantener la meta inflacionaria del 15%. Naturalmente, se trata de un mensaje enmarcado en el proceso de negociación paritaria. La meta inflacionaria del Presupuesto Nacional se transformó en una suerte de pauta de actualización salarial. Para el gobierno, claro: desde tiempos del INDEC intervenido, los sindicatos tomaron el hábito de elaborar sus propias estimaciones de inflación, y las llevan consigo a las mesas de negociación.

Arrancaron firmando una serie de pequeños sindicatos “fáciles”: UTEDyC (que agrupa a empleados de fundaciones, clubes y otros, y que acumulaba algunos atrasos en materia de aumentos) viene bien, ya que habría rubricado un 18% en dos veces entre enero y agosto, con una cláusula gatillo en noviembre. Obras Sanitarias (Lingieri) fue el primero en aceptar el 15% propuesto por la contraparte, en dos veces (7,5% en abril y otro 7,5% en septiembre) con una cláusula gatillo hacia fin de año (además de un complicado cálculo de recomposición por 2017). Se plegaron a la fórmula algunos otros sindicatos aún más pequeños, que aportan el símbolo del número consensuado: Tintoreros, Remiseros y Docentes de Misiones. El 15% en dos veces es lo que el gobierno intenta acordar con todos los sindicatos, en especial los grandes, y dirigentes con buen diálogo con Macri como Gerardo Martínez (UOCRA, el sindicato de mayor crecimiento reciente), Sasia (Ferroviarios) y Armando Cavalieri (Comercio) están dispuestos a firmar; Luz y Fuerza y los diferentes sindicatos petroleros, en un segundo anillo de cercanía, también.

SUTECBA (trabajadores municipales) habría cerrado un 12% en dos veces (abril y septiembre) y los presentó como un triunfo, anticipando que los aumentos del sector público vienen más bajos que los del sector privado. Ese fue, después de todo, el sentido del recorte de cargos políticos y congelamiento de salarios de altos funcionarios que el gobierno nacional anunció semanas atrás: imponer un criterio hacia los estatales. De UPCN, el sindicato histórico del sector, aún no hay información aunque sí trascendidos de aumentos más módicos que los negociados por SUTECBA. Se vienen meses duros en el estado.

Faltan los sindicatos “difíciles”. Comenzando por los docentes bonaerenses comandados por “Roby” Baradel, que rechazaron el pasado 22 de febrero la segunda propuesta del gobierno provincial. En el caso de los bancarios, fracasó la primera ronda de negociaciones, un CEO de un importante banco privado habría tomado la interlocución con resultados aún inciertos, y tras los paros recientes aún no se alcanzó solución. UOM, Camioneros, Sanidad y Gastronómicos están en conversaciones, el gobierno espera que arreglen en forma simultánea. La marcha del 21F y el enfrentamiento entre Macri y Moyano permite anticipar que no será tan sencillo.

La estrategia de la “pauta salarial” que centraliza las negociaciones se asemeja mucho a la práctica inaugurada por los gobiernos kirchneristas. Que, en más de un sentido, restauraron la institución de las paritarias. Durante varios años consecutivos, la clave fue el número que acordaban los Camioneros: una vez cerrada la negociación con Moyano, el conjunto de los gremios sabía a qué número atenerse. En el gobierno de Mauricio Macri, la “pauta de referencia” comienza por pequeños sindicatos amigos, se extiende por los grandes sindicatos dialoguistas, y luego se intenta imponer a los más díscolos y confrontativos. Uno de los sentidos de la reforma laboral anunciada en 2017 -y uno de los principales contenidos de la reforma ya aprobada en Brasil- era romper esta práctica, y desconcentrar todo lo posible las discusiones salariales para que se adapten a las realidades de cada sector. Pero todo indica que el gobierno de Cambiemos, aunque discursivamente insiste con que las paritarias son “libres”, no pretende eliminar la institución de las paritarias ni la modalidad kirchnerista de la pauta de referencia. En todo caso, aspira a dominarla.

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El otro punto de discusión es la inclusión de las “cláusulas gatillos” en los acuerdos. El gobierno ha intentado desarmarlas, insistiendo con la previsibilidad de la inflación. Pero en el marco del conflicto abierto con Moyano y sus aliados, y ante la necesidad de dejar contenta a una buena parte de los gremialistas, ha mutado su pretensión de eliminarlas a la de posponerlas. Llevar el gatillo todo lo posible al fin del ejercicio. Casi ya hasta el 2019. Con la esperanza puesta en la desaceleración de los precios en el segundo semestre, y en mecanismos de empalme a futuro. Ganar tiempo y, eventualmente, capitalizar la recomposición en el marco de un año que será electoral. En 2018, los costos políticos son más bajos.

Fuente: Analytica

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