Quién, cómo y en qué: recomendaciones para desarrollar un régimen de financiamiento de la política en PBA

Los partidos políticos cumplen una función crucial para la democracia: median entre los grupos y demandas que existen en la sociedad y las decisiones que se toman en el gobierno y se ejecutan a través del Estado. Como cualquier organización, para funcionar, formar dirigentes, diseñar propuestas y comunicarlas al electorado, competir en elecciones, y tener cuadros que les permitan gobernar, los partidos necesitan dinero. Esta necesidad pone a la democracia en tensión: mientras que cada ciudadano tiene igual derecho a participar, la posibilidad de financiar (e influir en) la política está muy concentrada. Por eso se necesitan reglas claras y transparencia. ¿Quién paga por los partidos y las campañas? ¿Cómo y cuánto se puede aportar? ¿En qué se puede gastar y cuánto? Un régimen de financiamiento tiene que responder esos interrogantes. En Argentina, desde 2009 tenemos un marco legal nacional que limita el financiamiento privado y subsidia a los partidos para sus actividades corrientes y de campaña. Sin embargo, la mayor parte del financiamiento de la actividad proselitista ocurre todavía informalmente, en forma de recursos privados no declarados y del uso partidista de recursos públicos. Esta informalidad impide que los ciudadanos hagan un voto informado, facilita los abusos y el malgasto de recursos, y expone a la política a la captura por parte de intereses particulares y a la penetración de dinero de origen ilícito. La falta de normas en las provincias es uno de los flancos débiles del régimen nacional, porque permite a los partidos eludir los límites y la obligación de declarar sus movimientos.

La provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo: representa el 37% del padrón nacional, los partidos provinciales son al mismo tiempo partidos de distrito que compiten en elecciones nacionales, y celebra sus elecciones el mismo día que los comicios nacionales. Sin embargo, apenas tiene algunas reglas dispersas que no articulan con la ley nacional. Por lo tanto, todo el financiamiento ocurre por canales informales y no hay forma de saber cómo se financian los partidos ni las campañas de gobernador o de los intendentes. Este documento revisa la experiencia nacional e internacional para contribuir a pensar un régimen de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales para la provincia de Buenos Aires, que articule con el régimen nacional y procure mejorar la transparencia, la equidad, y la integridad de la política y las elecciones. Entre las principales recomendaciones se destacan la bancarización de las transacciones, la posibilidad de permitir los aportes de empresas, sindicatos y organizaciones intermedias con topes y reglas para evitar el conflicto de interés y, el desarrollo de capacidades para la transparencia y el control público y social. También, se propone articular con las autoridades del nivel nacional y agencias de control; definir e implementar de forma equitativa y transparente el financiamiento público de los partidos y las campañas; dimensionar el esfuerzo presupuestario y fijar condiciones para el acceso a los subsidios a partidos y campañas. Finalmente, se recomienda introducir sanciones que afecten las posibilidades de competir de las agrupaciones y las carreras de los candidatos.

Fuente: CIPPEC

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