Los cambios en la conducción del Ministerio de Salud y el cruce de culpas entre funcionarios por los incendios en La Pampa están asociados a una forma de administración arcaica. Que la Nación ejecute acciones que se superponen con facultades provinciales induce al derroche de recursos y a la dilución de responsabilidades por los malos resultados. Respetando la organización federal se puede lograr una administración más eficiente y transparente. En el Ministerio de Salud de la Nación se produjo un recambio de altos funcionarios a raíz de acusaciones cruzadas de sub-ejecución de programas nacionales. Se trata de una veintena de programas, varios de ellos con financiamiento de organismos internacionales, a través de los cuales se les da a las provincias dinero o la provisión directa de vacunas, remedios, anticonceptivos, insumos hospitalarios, capacitación, etc. Este tipo de intervenciones de la Nación “bajando al territorio” con acciones que exigen coordinación con provincias y municipios no son una particularidad del área de salud. En educación básica, asistencial social, vivienda, urbanismo, caminos provinciales, seguridad, medio ambiente, etc. se reproducen similares prácticas. La gran cantidad de programas nacionales existentes es el resultado de un proceso aluvial de acumulación de iniciativas que las sucesivas gestiones nacionales dejaron como herencia bajo el objetivo declamado de ayudar o directamente tratar de hacer lo que las provincias no hacen o hacen mal. Información sobre ejecución presupuestaria que publica el Ministerio de Hacienda permite dimensionar este fenómeno en el tema de salud pública. Se estima que en el 2016 el gasto público en salud alcanzó a unos $210 mil millones distribuidos de la siguiente manera:  Las provincias y los municipios aportaron $180 mil millones o el 86% del total.  La Nación aportó los restantes $30 mil millones o el 14% del total.  Dentro del total aportado por la Nación, los programas nacionales ejecutados en las provincias fueron $13 mil millones o 6% del total.