Mas de $90 mil millones de gasto interfiriendo funciones locales

La creación de una Dirección Nacional de bicisendas generó polémicas. No se trata de un hecho puntual sino de una generalizada tendencia a solapar acciones nacionales en roles provinciales y municipales. Esta mala práctica induce el derroche de recursos y contamina el sistema político. Un paso central en el proceso de modernización del Estado es erradicar la concepción de tomar como positivo y natural la interferencia nacional en jurisdicciones locales.    

Una de las tendencias globales encaminadas a generar ciudades saludables es la creación de las bicisendas. Espacios exclusivos para el tránsito en bicicleta con los cuales se procura promover entre la población la buena práctica de movilizarse en bicicleta. Esto conlleva varias ventajas, desde la promoción de la salud de los ciclistas hasta el mejoramiento del medio ambiente por reducción de ruidos y emisión de gases de combustión. La extensión, mejora y mantenimiento de bicisendas forma parte de la agenda importante de políticas públicas de todas las grandes urbes de países bien organizados.

En este contexto aparece la creación de la Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta. Los reparos y polémicas no solo pasan por la expansión de la burocracia –cuando hay consenso sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal– sino en contemplar un presupuesto de $200 millones para funciones que son exclusivamente municipales como son el desarrollo e implementación de ciclovías y bicisendas.

¿Esta superposición con funciones locales es un hecho puntual? Dentro de la compleja estructura del sector público nacional, el Presupuesto Nacional 2017 aporta algunas evidencias muy sugerentes sobre este tema. Según esta fuente se observa que:

  • El Ministerio de Educación nacional gasta $19 mil millones en programas vinculados a infraestructura y gestión de las escuelas.
  • El Ministerio de Salud nacional gasta $16 mil millones en programas vinculados a prevención y atención médica de centros de salud y hospitales públicos.
  • Los Ministerios nacionales de Desarrollo Social, Vivienda y Medioambiente gastan $57 mil millones en asistencia social, vivienda y urbanismo.

Estos datos muestran que la Nación gasta más de $90 mil millones al año en funciones que no son de su responsabilidad. Al igual que las bicisendas, las responsabilidades de gestionar las escuelas, los centros de salud y los hospitales públicos, dar subsidios a grupos vulnerables, construir viviendas y arreglar ciudades son de las provincias y los municipios. Como son temas vitales para la calidad de vida de la gente, y muchas veces los gobiernos locales no brindan los servicios o lo hacen inadecuadamente, la Nación se siente legitimada a entrometerse en temas que no son de su competencia.

Fuente: IDESA

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