Los jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo

Análisis comparado de las jubilaciones mínimas en Argentina – Periodo 2015 – 2017

Introducción

La República Argentina es uno de los países más envejecidos de la región de América Latina y el Caribe. Presenta 6.838.533 de personas de 60 años y más1 (INDEC 2018).
Durante el periodo 2003‐2015 se implementaron una seria de políticas públicas que permitieron que este grupo accediera a una jubilación o pensión. Es así que en el año 2003 la Argentina presentaba un 68% de cobertura previsional y al finalizar el 2015 el aumento ascendió a un 97%.
En diciembre de 2004, se sanciona la Ley N° 25.994 de Prestación Anticipada. Esta ley determinaba que mujeres y hombres que tuviesen 30 años de servicios y alcanzaran los 55 y 60 años de edad respectivamente podían acceder a la jubilación anticipada.
Esto se tradujo en la inclusión del universo de trabajadores que, teniendo ya los 30 años de servicios, habían quedado fuera del mercado laboral y estaban condenados a ser desocupados hasta cumplir los 60 o 65 años requeridos por la norma vigente hasta entonces para acceder al beneficio jubilatorio.

A través de esta norma, también accedieron a la jubilación aquellas personas que teniendo cumplida la edad requerida no acreditaban los 30 años de aportes por haber quedado fuera del mercado laboral. Así, estas personas pudieron acogerse a una moratoria mediante la cual se pagan los años faltantes hasta completar los 30 años
exigidos por la Ley 24.241. Esta medida previó el pago de la deuda de aportes hasta en 60 cuotas descontados mensualmente del haber jubilatorio.
En 2005, se creó el decreto 1454/2005 que permitió incluir a quienes nunca habían aportado al sistema previsional, no por no haber trabajado, dado que de hecho si lo hicieron, pero que por diversos motivos ni sus empleadores ni ellos mismos habían podido aportar al sistema. Estas personas debían inscribirse como autónomos y luego
solicitar el plan de facilidades de pago. Este beneficio se conoció como “jubilación para las amas de casa”, por la importante candad de mujeres que accedieron a él. En el 2014, se accedió a una nueva moratoria a través de la Ley 26.970, con ella se llega al 97% de cobertura.
Al finalizar el año 2017, se sancionó la Ley 27.426 que cambio la movilidad jubilatoria.
Desde el 2008 las jubilaciones y pensiones tenían, por la Ley 26.417 de Movilidad, un incremento garantizado dos veces por año: en marzo y septiembre según un coeficiente que promediaba las variaciones de salarios de la economía con la de recaudación tributaria semestral con un rezago de 6 a 12 meses.

Fuente: EPPA

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