Los desafíos de América Latina y el Caribe con respecto al financiamiento para el desarrollo en el contexto de la Agenda 2030

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, el Marco de Sendái para la Reducción
del Riesgo de Desastres 2015-2030 y el Acuerdo de París sobre el clima delinean una nueva agenda
de desarrollo. Esta nueva agenda implica una transformación profunda del desarrollo sostenible que
requiere una gran movilización de recursos internos y externos, acompañada por un cambio en la
financiación, la organización y la asignación de recursos.
En el ámbito interno, el hecho de que el espacio fiscal y la disponibilidad de recursos sean limitados
seguirá requiriendo que se lleven a cabo reformas integradas y sostenidas en el ámbito de las finanzas
públicas, que apunten a asegurar la solvencia del sector público, proteger la inversión, defender los
logros sociales y ampliar los recursos tributarios. Estos esfuerzos en materia fiscal deben ir acompañados
por aumentos de la inversión privada que complementen la labor fiscal y permitan retomar tasas de
crecimiento económico altas y estables. Asimismo, en el ámbito del financiamiento público es imperativo
mejorar los sistemas tributarios de la región, que se caracterizan por una insuficiente recaudación en
la mayoría de los países, bases impositivas erosionadas por la proliferación de incentivos tributarios, y
una alta evasión del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado —estimada por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 6,7 puntos del PIB regional, una valoración
cercana a los 340.000 millones de dólares a 2015—.
En el ámbito del financiamiento externo, es necesario tener en cuenta los cambios acaecidos en el
panorama del financiamiento para el desarrollo en la última década. Estos cambios están relacionados
con la importancia creciente de los nuevos actores y fuentes de financiamiento para el desarrollo, entre
los que figuran donantes que no son países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD),
organizaciones no gubernamentales, fondos para el clima, mecanismos de financiamiento innovadores
e iniciativas de cooperación Sur-Sur. Asimismo, el capital privado se ha erigido en una importante fuente
de financiamiento, con un conjunto diversificado de instrumentos que incluye acciones, bonos, títulos
de deuda, préstamos concesionarios e instrumentos de mitigación del riesgo (en particular garantías),
junto con remesas de trabajadores y contribuciones voluntarias privadas.
El análisis de la dinámica de los flujos financieros hacia América Latina y el Caribe muestra que los
flujos de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) han disminuido claramente en relación con otras
regiones en desarrollo y con el ingreso nacional bruto (INB) promedio. En la actualidad, los flujos de
AOD representan el 0,25 % del INB de la región, lo que es inferior al 0,4% que se había registrado en
décadas anteriores.
La contrapartida de la caída de la AOD es la creciente importancia del financiamiento privado
(282.723 millones de dólares en términos netos en 2016 o el 95% de los flujos financieros totales). El
principal componente es la inversión extranjera directa (IED), que representa el 2,18% del PIB regional
en 2015 y que está directamente relacionada con los patrones de especialización comercial y ventajas
comparativas de la región.
Un segundo componente de los flujos privados son las remesas de los migrantes (20.000 y
60.000 millones de dólares en 2000 y 2015, respectivamente). Representan cerca del 25% de los flujos
financieros netos. Por su parte, los flujos de cartera constituyen el tercer componente de los flujos
financieros, aunque por su finalidad y volatilidad no se los considera una fuente de financiamiento
para el desarrollo.
La creciente importancia de los flujos privados plantea un reto clave: encontrar la forma de movilizar
y canalizar esos recursos de la arquitectura financiera hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de
modo de cumplir con los desafíos de la Agenda 2030.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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Los flujos de capital privado están motivados principalmente por el beneficio económico, más que
por preocupaciones relativas al desarrollo. Así, la inversión puede ser insuficiente en áreas cruciales
para el desarrollo sostenible, si el rendimiento esperado es insatisfactorio en comparación con otras
oportunidades de inversión. En este contexto, el sector público desempeña un papel cada vez más
relevante en lo que respecta a incluir criterios de rentabilidad social en el análisis costo-beneficio. Dicho
sector puede proporcionar financiamiento público a sectores que no atraen suficientes flujos privados,
así como incentivos adecuados para que el capital privado se dirija hacia los objetivos de desarrollo.
El reto de movilizar un volumen adecuado de fondos públicos y privados combinados resulta más
complejo por los cambios significativos que han ocurrido en el mapa del financiamiento para el desarrollo
en las últimas décadas, entre los que se encuentra la aparición de nuevos actores, mecanismos y
fuentes de financiamiento. A esta última categoría pertenecen los nuevos donantes que no son países
miembros del CAD, los mecanismos de financiamiento innovadores y los fondos para el clima. Todos ellos
desempeñan actualmente un papel más relevante y visible en lo que respecta a financiar el desarrollo.
Estos cambios del panorama financiero han ampliado la gama de opciones de financiamiento
para el desarrollo, y a la vez han incrementado la complejidad de coordinar y combinar la variedad
de actores, fondos, mecanismos e instrumentos en una arquitectura coherente de financiamiento. Esta
complejidad resulta particularmente significativa en el caso de los mecanismos de financiamiento
innovadores y los fondos para el clima, que precisan una mayor claridad en lo referente a los objetivos
de desarrollo, las fuentes de financiamiento y las condiciones de uso y acceso.
Por otro lado, lograr un financiamiento eficaz y eficiente que acelere el progreso hacia un desarrollo
sostenible en los distintos niveles de ingresos no debería distraer la atención de la necesidad de evitar
que algunos países queden excluidos de la AOD por criterios basados en el nivel de renta per cápita.
Por último, establecer el mapa de la arquitectura del financiamiento para el desarrollo no resulta
suficiente para conseguir que los países adopten un enfoque estratégico relativo a este. La actual
multiplicidad de opciones financieras no equivale a un acceso efectivo.
La capacidad de acceder de forma efectiva al financiamiento privado varía ampliamente en los
distintos países de América Latina y el Caribe. El financiamiento privado está sujeto a múltiples requisitos
de acceso y condicionalidades, lo que hace difícil que los países de la región adopten un enfoque
estratégico para financiar sus prioridades de desarrollo y evaluar el impacto y la eficacia de las fuentes
de financiamiento. Además, los proveedores de financiamiento privado no exigen las mismas condiciones
ni imponen los mismos criterios de acceso y elegibilidad que las fuentes de financiamiento público.

Fuente: CEPAL

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