Ley de Responsabilidad Penal Empresaria

En marzo de 2018 entró en vigencia la Ley 27.401 a partir de lo cual se podrá sancionar a las personas jurídicas por delitos de corrupción, siempre en el ámbito de la relación público-privado.
KPMG realizó una encuesta a 75 referentes corporativos con responsabilidades en las áreas de Compliance, Auditoría Interna y Legal, y encargados de adecuar a su compañía a la normativa vigente. Son representantes de distintas empresas que desarrollan actividades en el país pertenecientes a sectores como industrial, financiero, servicios, consumo masivo, entre otros.
El objetivo fue recabar información directa del grado de conocimiento que hay en esos niveles sobre la nueva Ley y su implementación. Otro objetivo fue conocer si en la práctica se están tomando las medidas necesarias para evitar cualquier situación que pueda ser punible penalmente bajo los preceptos de la norma.

Según los datos obtenidos, el 72% de los consultados afirmó estar en conocimiento del contenido de la Ley y su puesta en vigencia a partir de marzo. Sin embargo, poco menos de la mitad de los consultados (40,5%) admitió
no tener en claro cuáles son las sanciones que contempla, como tampoco sus agravantes y atenuantes.
Menos de la mitad (42%) reconoció haber tomado algún tipo de iniciativa para ajustarse a los nuevos requerimientos o designado un responsable interno para supervisar su cumplimiento (49%). Otro dato a destacar es que
un 25% admitió que no se han todavía realizado o evaluado acciones; un escaso 14% sostuvo que está implementando o actualizando el código de conducta interno; y sólo el 13% afirmó que dispone de una línea ética para recibir denuncias de hechos de corrupción.

Fuente: KPMG

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