La reforma impositiva que viene

El Ministerio de Hacienda está dando los últimos toques al proyecto de reforma impositiva, que enviará al Congreso tras las elecciones de octubre. La necesidad de contar con votos de la oposición hace que se espere superar aquel evento para negociar, sin que incidan las especulaciones electorales.

El Ministerio de Hacienda está dando los últimos toques al proyecto de reforma impositiva, que enviará al Congreso tras las elecciones de octubre. La necesidad de contar con votos de la oposición hace que se espere superar aquel evento para negociar, sin que incidan las especulaciones electorales. Según los cálculos oficiales, la presión tributaria en la Argentina alcanza al 35%: 30% en impuestos explícitos y 5% del impuesto inflacionario. El objetivo gubernamental es reducir dicha presión, para lo que se requiere bajar el gasto público. La participación del gasto público consolidado -Nación, provincias y municipios- se estima, en 2017, en un 41% del PIB. Se aspira a reducirla gradualmente al 33%. El primer paso en esta dirección es la Ley de Responsabilidad Fiscal. El proyecto acordado entre la nación y las provincias, en agosto pasado, implica mantener constante el gasto corriente primario en términos reales para todas las jurisdicciones, sólo aumentar los cargos públicos en relación con el incremento de la población, y evitar el alza del gasto en los seis meses finales de mandato. La nación también debe informar a las provincias los parámetros adoptados en la elaboración del presupuesto nacional, y las provincias, comprometerse a utilizarlos en sus proyecciones presupuestarias, de modo tal de garantizar la plena compatibilidad entre los presupuestos de la nación y los de las provincias. Respecto del sistema tributario nacional, los objetivos fijados son de simplicidad, neutralidad y estabilidad. Se descartó la implementación de un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, por la facilidad para su elusión por parte de los sectores de mayores ingresos, lo cual lo convertiría en un tributo regresivo. No se contempla el ajuste por inflación, porque -se argumenta- no es propio de países con baja inflación, como se aspira que sea la Argentina. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto para 2018, se incluirá una cláusula de actualización, para reconocer el valor real de los activos y posibilitar la inclusión voluntaria del valor de algunos bienes muebles e inmuebles reexpresados a valores actuales, pagando a cambio una pequeña penalidad.

El sistema impositivo en la Argentina es marcadamente regresivo, caracterizado por el predominio de los impuestos al consumo, en primer lugar el IVA. Es así que los sectores de menores ingresos, que destinan todas sus entradas a la compra de bienes, pagan un 21% de impuesto, que es el IVA contenido en el precio de lo que adquieren. Este es un porcentaje superior al que tributan algunos sectores de más altos ingresos, que destinan una mínima proporción a la compra de bienes. Por otra parte, el impuesto a las ganancias de personas físicas se concentra en los asalariados en relación de dependencia, mientras las rentas del capital, como norma general, están exentas a ese nivel. Además, pese al gran incremento verificado en los últimos años en el gasto público y en la dotación de personal del Estado, sus servicios no mejoraron en su calidad. En este sentido, debería promoverse una mejora, particularmente en los rubros de educación y salud pública, de modo tal que aquellos que, por razones de ingreso, deben recurrir a ellos no se encuentren desfavorecidos respecto de quienes pueden pagar un servicio privado. Ni qué decir, en este sentido, de los servicios de seguridad pública. El progreso gradual pero sostenido en la calidad del gasto público debe ser un imperativo categórico de la gestión del Estado.

Fuente: CENE - UB

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