Jubilados: ¿qué implica la nueva fórmula?

En septiembre del año 2008, el Congreso de la Nación votó la “Ley de Movilidad Previsional”, que
establecía dos aumentos anuales en los haberes jubilatorios y a todas las prestaciones sociales (AUH,
asignaciones familiares, pensiones no contributivas, etc.) de acuerdo a una fórmula, que es la que hoy se
pretende cambiar y está generando tanta polémica.
Desde marzo del 2009 todas estas prestaciones se ajustan en marzo y septiembre de cada año, teniendo
en cuenta la evolución de la recaudación tributaria que se destina al ANSES y la evolución de los salarios
de los trabajadores privados estables (RIPTE). Esta fórmula es una rareza a nivel internacional. La gran
mayoría de los países utiliza fórmulas automáticas que ajustan las prestaciones teniendo en cuenta la
evolución de los precios (inflación) y/o la evolución de los salarios.
Sin embargo, al no contar con un índice de inflación al momento de diseñar esta ley (el INDEC ya estaba
intervenido), el gobierno kirchnerista no tenía la posibilidad de ajustar de manera medianamente justa a
las prestaciones para que mantengan su poder de compra. Es por eso que se diseñó una fórmula extraña,
volátil y esencialmente insostenible en el largo plazo.
Extraña en el sentido de que es poco clara para los beneficiarios, debido a que la evolución de
determinados impuestos que se destinan a ANSES no es un dato accesible para la gran mayoría de los
beneficiarios. Volátil porque cuando hay caídas en la recaudación (por modificaciones fiscales o por caídas
del producto) el efecto se traslada hacia los jubilados y esencialmente insostenible porque el gradualismo
para lograr el equilibrio fiscal requiere, por definición, que los ingresos fiscales crezcan por encima de los
gastos. Esta fórmula imposibilita eso generando que cada peso extra que el fisco logra recaudar deba ser
volcado al pago de jubilaciones y otras prestaciones sociales.
En la última década los jubilados aumentaron en 3,6 millones, gracias a la implementación de dos grandes
moratorias previsionales y la prestación universal desde el año pasado. Así, para sostener el sistema
solidario de jubilaciones solo con aportes y contribuciones se necesita una relación de 1,72 activos
aportantes por cada pasivo. Con 8,6 millones de pasivos, el sistema necesitaría de 14,6 millones de
asalariados registrados que aporten el 22% de su salario (entre aportes y contribuciones) cuando solo se
cuenta con poco más de 9 millones equivalentes a esta tasa de aporte. Eso implica que el sistema
previsional necesite cada vez más de una mayor proporción de otros impuestos (ganancias, IVA,
combustibles, etc) para financiarse. En el siguiente gráfico se puede apreciar el crecimiento de la
proporción de impuestos que debe destinarse anualmente al pago de jubilaciones y pensiones.

Fuente: Invecq

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