Informe Técnico. Accesibilidad y calidad de la atención médica. Conurbano Bonaerense, CABA y otras regiones urbanas

Uno de los presupuestos del informe subyace bajo la idea de que la salud es un
derecho del que toda persona y colectividad debe gozar como parte del desarrollo
humano de una sociedad, aunque, como lo indican informes realizados por el
Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA, 2011-2017), nuestro país muestra
elevados niveles de desigualdad y de inequidad, tanto en la distribución de los
procesos de salud y enfermedad como en el acceso a prestaciones de calidad.
Según la Organización Mundial de la Salud el goce del máximo grado de salud es uno
de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, género,
religión, ideología política o condición económica y social (OMS, 2007). Para el
cumplimiento de ese derecho se involucran distintos actores sociales, pero es el
Estado sobre quien recae la máxima responsabilidad en lo que hace a proveer las
condiciones básicas para el máximo desarrollo del nivel de vida de la población en
general y de su salud en particular. Esto sucede por sobre la diversidad de intereses
particulares de la sociedad civil y del mercado, ya que es el Estado mediante sus
políticas públicas –por acción, por negligencia o por omisión- el que tiene la
competencia para regular, restringir o actuar sobre el conjunto social y sobre los
factores determinantes de la salud.
Por su parte, en su observación general N° 14 del año 2000, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas apuntó que la salud pública
no sólo debe abarcar la atención oportuna, sino que también está compelida a atender
a los principales factores sociales determinantes de la salud. Asimismo, indicaba que el
derecho a la salud abarca cuatro elementos básicos: a) disponibilidad de bienes y
servicios públicos así como prestaciones de salud; b) accesibilidad para toda la
población, lo que incluye accesibilidad física, económica, a la información y la no
discriminación; c) aceptabilidad para los patrones culturales de la población usuaria; y
d) calidad de la atención de acuerdo a estándares científicos.
Desde el concepto de salud como un fenómeno integral, los estados y sus autoridades
sanitarias, se apoyan en instrumentos que les permiten adoptar decisiones sobre los
programas y servicios sanitarios que se deben priorizar. Bajo este supuesto, al tomar
medidas sobre políticas sanitarias se considera necesario conocer los problemas de
salud de los ciudadanos, la prevalencia de ciertas enfermedades entre los grupos
sociales así como sus consecuencias y los factores de riesgo que afecten la salud en
función de las variables sociales, económicas y culturales, etc.
Los indicadores de salud son un conjunto de datos o instrumentos relacionados con la
salud de la población, mediante los cuales se evalúa la magnitud del daño. Estos
instrumentos de valoración de la sanidad se caracterizan porque aportan
informaciones parciales sobre algunas de las diferentes dimensiones de la salud
(ODSA, 2015). Para disponer de una información amplia es necesario abarcar tres
dimensiones: un componente objetivo, que está relacionado con la integridad y la
funcionalidad orgánica; un componente adaptativo, referente a la capacidad de

integración bio-psico-social del individuo y por último, un componente subjetivo, que
incluye la creencia de bienestar y la apreciación individual de la salud que se obtienen
mediante encuestas o registros basados en la percepción o autovaloración del
individuo encuestado.
En este sentido, los hallazgos empíricos se articulan bajo el supuesto de que el
cumplimiento del derecho a la salud tanto en su nivel teórico como en su formulación
jurídica, debieran traducirse en un escenario de igualdad en la distribución de las
condiciones de la salud entre los distintos estratos y segmentos sociales, así como en la
equidad en el acceso de éstos a las prestaciones de salud y a la atención de calidad de
la misma (ODSA, 2010).
Los informes del Barómetro de la Deuda Social Argentina del Bicentenario, (2011-
2017), permiten dar cuenta del acceso a determinados recursos y sistemas de
protección social que repercute en las desiguales maneras en que los individuos logran
cubrir sus necesidades de atención y cuidado de la salud, además implica diferencias
sustantivas en cuanto al desarrollo óptimo de aspectos del desarrollo humano y la
integración social (Salvia, et al., 2015). Los resultados informados sugieren que la
heterogeneidad y la desigualdad social que prevalece en el país se reproducen tanto
en las condiciones generales de salud de las personas y de las comunidades como en el
propio sistema que las atiende. Además, se presentan estados de salud y enfermedad
diferentes para cada estrato social y un sistema por completo fragmentado e inconexo
que atiende a sub poblaciones heterogéneas. Estas diferencias referidas a la
estratificación socioeconómica y a otras variadas formas de discriminación étnica,
social o cultural, dificultan o retienen las garantías de protección especial del derecho
a la vida y la integridad, previniendo la ocurrencia de nuevas violaciones a los derechos
humanos.
Los mecanismos de estratificación socio-económica son los denominados
determinantes estructurales de inequidades en salud, que configuran mejores o
peores oportunidades para la salud, según diferencias en vulnerabilidades,
exposiciones a agentes y acceso a servicios básicos. Es decir, la influencia de la posición
socioeconómica del individuo sobre su salud no es directa, sino producto de factores
intermediarios: condiciones materiales, tales como la calidad de vivienda, las
circunstancias psicosociales, incluyendo el estrés y los comportamientos como el
hábito de fumar o de alimentarse mal. Este modelo incorpora al sistema de salud como
un determinante social más; porque, por una parte, el deterioro o mejora del estado
de salud tienen un efecto de retroalimentación respecto a la posición socioeconómica,
y por otra, el sector salud tiene un rol importante al promover y coordinar políticas de
acción sobre determinantes sociales.
En consideración, cabe preguntarse en qué medida la población accede a los servicios
sanitarios y considera satisfactoria la prestación por el tiempo de espera. El presente
informe propone estudiar una serie de indicadores que evidencian la accesibilidad y la
calidad de la atención, en tanto que se analizan las diferencias según distintos tipos de
sistema de salud o cobertura médica y aglomerados urbanos diferenciando a la Ciudad
de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense y Otras regiones urbanas a partir de los
datos obtenidos por la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-Nueva Etapa,
2017-2025).

Fuente: Uca

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