Informe Económico Mensual CESO| NRO. IV|Abril 2017

El año electoral avanza con una economía que no despega. La actividad industrial muestra a todos los sectores en caída libre ante un ajustado mercado interno con importaciones en aumento. La recaudación anticipa que el consumo interno sigue a la baja y la política oficial de techo en las paritarias hace difícil imaginar que se recomponga. Hasta la inflación pego un respingo en los últimos meses pese a la política de dólar planchado, desdibujando la meta oficial del 18%. Sólo el incremento de los despachos de cemento de marzo anticipa cierta recuperación de la construcción. Aun así, el gobierno no está dispuesto a modificar el rumbo de su política económica. “No hay plan B” declaró el presidente Mauricio Macri tal como anticipáramos en nuestro informe de octubre del año pasado. “No puedo volverme populista por una elección” indicó el ministro Dujovne para despejar dudas sobre la continuidad de la estrategia económica. De esa manera, se configura una política económica electoral para un tercio del electorado. Ese porcentaje, similar al obtenido en las últimas elecciones, es juzgado suficiente para garantizar la gobernabilidad. ¿Cuáles son las claves para lograrlo? Populismo financiero para los sectores medios y altos. Obra pública para consolidar los distritos bajo gestión PRO y algunos de sus aliados. Ensanchar la grieta para sumar al voleo el voto anti-K a lo ancho y largo del país y de la pirámide social.

Plata dulce para consolidar la base social del oficialismo y avanzar sobre el “costo populista” La política de dólar barato y apertura importadora, financiados con endeudamiento externo, conforman la base del populismo financiero con que el oficialismo busca consolidar el apoyo de los sectores medios y altos que conforman la base social del oficialismo. El creciente gasto de turismo en el exterior y el avance de las importaciones en el mercado interno, es el resultado de ese programa electoral y no constituye un problema a resolver bajo la lógica que guía la actual política económica. Por ello, las recientes declaraciones de Sturzenegger respecto a la acumulación de reservas del BCRA, no deben interpretarse como un viraje en la política cambiaria, sino tan sólo como un requerimiento a cumplir para acceder a créditos internacionales. Al respecto, el presidente del central señaló que era un requisito para avanzar hacia la calificación “investment grade” que permitiría un acceso fluido a capitales financieros privados. Una mirada menos optimista destacaría que es también un pre-requisito para acceder a las “líneas de crédito flexible” del FMI que requieren como precondición “un nivel de reservas que se mantenga relativamente holgado”. Bajo la mirada del oficialismo, las ganancias de competitividad vía devaluación son rápidamente absorbidas por aumentos de los costos internos. De ahí que el objetivo de mejorar la competitividad debe lograrse mediante reformas estructurales que reduzcan el “costo populista” conformado por los costos laborales, estatales y empresariales, mientras incrementan el “costos oligárquico” (materias primas y energía). Esa estrategia requiere quebrar la resistencia de los sindicatos (la “mafia sindical”, en el discurso oficial), para poder avanzar hacia paritarias y convenios a nivel empresa, reducir el período de contratación, indemnizaciones y cargas sociales que conforman el costo laboral. Reducir el tamaño del Estado (los “políticos corrutos” y los “ñoquis”, en la estrategia discursiva del PRO) y poder bajar las cargas impositivas sobre las empresas. Desmantelar sectores productivos que no pueden competir con la producción importada (el “empresariado ineficiente y que vive de la protección estatal”, bajo la óptica liberal), para descender el costo empresarial. Mientras se encara esa lucha con las instituciones intermedias del “populismo”, una apreciación cambiaria coyuntural puede ser beneficiosa para generar consensos en favor de esas reformas estructurales. La presión de las importaciones baratas en un mercado en contracción permite persuadir a los sindicatos para que acepten precarizar las condiciones de trabajo a cambio de sostener los puestos de trabajo (como el caso del acuerdo firmado por los petroleros); induce a los empresarios a exigir una reforma impositiva y una reducción de las cargas sociales (ambos proyectos en la agenda oficial); y acelera la desaparición de los sectores productivos menos competitivos. Obra pública para consolidar los distritos bajo gestión del oficialismo La otra pata del programa económico electoral es acelerar la política de obras públicas, especialmente aquellas ubicadas en distritos gestionados por el PRO y algunos de sus aliados. De esa manera se espera consolidar el espacio políticoterritorial del oficialismo, con su consiguiente caudal de parlamentarios. Adicionalmente, la reactivación de la obra pública permite empujar la actividad de la construcción, un sector clave para reanimar la actividad económica tanto por su impacto en el empleo como en la demanda de insumos de los demás sectores productivos.

Fuente: CESO

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