Gravar la renta financiera. Una evaluación de la innovación en Argentina.

Ya conocidos los lineamientos de reforma tributaria impulsados por el gobierno, observamos, en particular en este análisis, los aspectos vinculados a comenzar a gravar las ganancias por inversiones en ciertos activos financieros de personas físicas argentinas. Hasta el momento están exentas están exentas aquellas derivadas de títulos públicos, depósitos a plazo fijo, FCI y determinadas otras similares. Sólo se mantendrían aquellas provenientes de acciones con cotización local. Para ello se introducirían alícuotas del 15% sobre las rentas financieras provenientes de instrumentos en moneda extranjera, indexados y otros distintos de pesos (sin gravar diferencias de cambio ni actualizaciones). Por otro lado, se gravaría inicialmente las de inversiones en pesos con una del 5% y que se iría elevando al 15% conforme las condiciones lo ameriten. Las alícuotas diferenciales apuntan a trata de gravar sólo la renta real. Como en otros países, las alícuotas se aplicarían sobre el cupón de los bonos, o sea, sobre los intereses efectivamente percibidos. Por otro lado, no se ha mencionado si gravar la ganancia ni desgravar la pérdida de capital cuando dicha ganancia o pérdida se realice. Al respecto cabe mencionar que debido a la reducción de tasas aplicables a Argentina desde el momento de emisión de títulos hoy vigentes, la mayor parte de la deuda pública cotiza por encima de la par. Por consiguiente, calculado sobre el rendimiento el impuesto efectivo sería mayor al 15%. Además, de todas maneras, hay determinados títulos con cupones más bajos que otros con rendimientos comparables. Técnicamente, ello significa que varían las proporciones de remuneración al tenedor entre lo obtenido por pago de cupón de renta y lo correspondiente a apreciación del capital. En consecuencia, para buscar neutralidad entre fuentes de ingreso por cobro de intereses o valorización de capital, en varios países se incorporan los resultados (ingresos corrientes y ganancias menos pérdidas de capital) para el cálculo de la base de impuesto a tributar. En ese sentido, no sorprendería que aquí se termine siguiendo esa práctica computable sobre resultados realizados, no devengados. Para ello deberían determinarse los precios de adquisición correspondientes. Al tratarse de un impuesto nuevo y donde no se le quiere dar retroactividad, podría subsanarse este aspecto fijando un precio base congruente a los observados en el mercado en la fecha de efectivización del gravamen.

Otro aspecto a considerar es la forma de pago del tributo. En particular si se hace por retenciones o integración como resultado de una liquidación al estilo de la declaración jurada anual actual de ganancias y bienes personales. Pensamos que esta última forma puede resultar la prevaleciente por razones prácticas (ej mecanismos internacionales de operación de los custodios) y como búsqueda de minimización de controversias o eventuales reclamos (ver Nota Especial enviada a principios de esta semana). En el proyecto de Ley se indica que será la reglamentación la que finalmente defina el criterio. El cuadro que sigue presenta una primera aproximación de la base imponible de los principales activos financieros alcanzados por el gravamen y su impacto esperado sobre la recaudación tributaria.

renta

Como surge del cuadro, el total de activos lo estimamos en USD 304.000 millones equivalentes, de los cuales entre 22-25% estarían en manos argentinas (personas físicas). Sin considerar mínimos no imponibles, el impuesto recaudaría anualmente el equivalente a USD 770-1.000 millones, equivalentes a 0,14-0,17% del PBI (bajo el supuesto de tipo de cambio real constante). Además, por tratarse de modificaciones a la Ley del Impuesto a las Ganancias se coparticiparía.

Fuente: Quantum

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