Empresas públicas, gobernanza y desarrollo: el rol de los directorios

La provisión de gas y electricidad para hogares y empresas, el agua potable, el transporte ferroviario de pasajeros y de carga, la ampliación de la red de fibra óptica que conecta comercios, casas y escuelas en localidades remotas. Las empresas de propiedad estatal (EPE) tienen un alto nivel de participación en la provisión de estos bienes y
servicios. En este sentido, su funcionamiento y desempeño afectan a toda la población y son clave para el desarrollo económico y social de la Argentina.
Aunque pueden tener un desempeño económico tan bueno como las empresas privadas, las empresas públicas enfrentan algunos desafíos particulares. Por un lado, deben equilibrar sus objetivos sociales y la rentabilidad económica. Por otro, la influencia política suele imponer costos sobre su eficiencia y obligarlas, por ejemplo, a
centrarse en objetivos a corto plazo. Mejorar el desempeño de las EPE es una meta primordial sin la cual es difícil pensar en estas empresas como instrumento de política pública.
En este sentido, fortalecer la gobernanza de las EPE es una estrategia de reforma que está centrada en su gestión interna y en la asignación de poderes y responsabilidades entre el directorio y la gerencia de las EPE y las
áreas de la administración central de gobierno a las que éstas responden. En particular, el directorio es un órgano de administración clave para afrontar algunos de los problemas de gobernanza que caracterizan a las EPE en tanto
está encargado de la orientación estratégica y supervisión de la gestión de la empresa.
Ahora bien, ¿quiénes son los miembros de los directorios? ¿Cuáles son sus trayectorias? ¿Cómo se los selecciona? ¿En qué marco regulatorio se insertan las EPE? ¿Qué funciones cumplen? Con el propósito de promover la mejora en la gobernanza de las EPE en Argentina, se analizan la conformación y funcionamiento de los directorios de las EPE del sector de infraestructura a nivel nacional en 2017. Los criterios para tomar esta ‘foto’ surgen de un
trabajo profundo sobre las buenas prácticas internacionales y la experiencia comparada con otros países de la región.
A partir de esto, se realizan recomendaciones de política cuyo foco está puesto en incrementar la independencia de los directorios, formalizar su proceso de selección, establecer una clara separación y asignación de responsabilidades y funciones y establecer mecanismos de implementación efectiva de prácticas de buen gobierno de manera de
reforzar su papel estratégico.

Fuente: CIPPEC

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