El (des) acuerdo para la productividad y el empleo en la industria electrónica

Luego de la decisión del gobierno Nacional de otorgar licencias automáticas para la importación de productos electrónicos, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anunció que no homologará el acuerdo “para la productividad y el empleo en la industria electrónica” que se había celebrado hace menos de un mes, a la vez que denunció que para su firma habían sido expuestos a “presiones y extorsiones”.

Por el referido acuerdo, el sector empresario se comprometía a no despedir más trabajadores, y a cambio la organización sindical aceptaba un congelamiento de salarios hasta junio de 2020. En simultáneo, el Gobierno Nacional anunció que la baja de los impuestos internos para productos de electrónica que no se fabriquen en Tierra del Fuego “no se haría de una vez” como había sido planteado originalmente, sino que sería escalonada empezando en 2018 con una tasa de 10,5% hasta llegar a 2% en 2023.

El acuerdo era transparente: como parte de la estrategia de apertura comercial y desarticulación de los esquemas de protección industrial, el Gobierno decidió reducir la carga impositiva de la electrónica importada, poniendo presión sobre las empresas para ganar “productividad”, si es que deseaban sobrevivir en un entorno más competitivo.

A la vez, los empresarios descargaban esa presión trasladándola sobre los trabajadores que se debían enfrentar a la disyuntiva de “salarios o empleo”. Como dijo proféticamente el primer Ministro de Hacienda de Cambiemos: decidir “donde le aprieta más el zapato”. Lo cierto es que la elección en sí misma resultaba capciosa, ya que en el caso de los trabajadores industriales de Tierra del Fuego aprieta el empleo y el salario.

 

UNA CURIOSA MIRADA SOBRE LA PRODUCTIVIDAD

La productividad es la relación que hay entre los bienes producidos y los recursos utilizados (entre ellos el factor trabajo). Por lo tanto, si un operario en el mismo tiempo de trabajo produce más cantidad de bienes se genera un incremento de la productividad, a la vez que se abarata el costo de producción unitario de ese bien.

Ahora, si bien puede haber un margen para que se incremente la productividad por un mejor desempeño de los trabajadores, en general los saltos de productividad están dados por la incorporación de tecnología, es decir por la inversión. Por ejemplo, en una oficina de la década del ´80, en la cual se trabajaba con máquinas de sumar, es posible que un trabajador más hábil mejorara la productividad de la firma, pero el salto de productividad tuvo lugar cuando se reemplazó la máquina de sumar por una computadora.

Con lo anterior lo que queremos destacar es que el incremento de la productividad es esencialmente una tarea empresaria, que está estrechamente asociada a la inversión y no a la baja de los salarios. El problema justamente radica en la concepción que tiene el Gobierno de Cambiemos respecto de cómo incrementar esas inversiones, un pilar fundamental de su discurso. El Gobierno cree (o por lo menos eso muestra a través de las medidas aplicadas) que las inversiones dependen en gran medida de la rentabilidad, de allí su insistencia con la reducción de los impuestos y de los costos laborales, en particular el salario.

Desde la asunción de Cambiemos sus funcionarios enfatizan en reclamar a los trabajadores (y no a los empleadores) que hagan un esfuerzo para incrementar la productividad. El acuerdo de Tierra del Fuego, como antes lo había sido el de los trabajadores petroleros de Vaca Muerta, no genera que los trabajadores produzcan más en el mismo tiempo de trabajo, sino que produzcan lo mismo pero que ese tiempo de trabajo sea remunerado con una suma menor.

 

DONDE APRIETA EL ZAPATO (1)

Un acuerdo de congelamiento de salarios en un contexto inflacionario sólo se explica por la persistente crisis del empleo industrial que viene atravesando nuestro país, y que tiene un impacto decisivo en la provincia de Tierra del Fuego, dado el peso que la industria tiene en el empleo provincial.

Desde diciembre de 2015 el empleo privado registrado en Tierra del Fuego cayó un -13,2%, lo que la convierte en la provincia más afectada en términos de empleo por la configuración macroeconómica vigente desde la asunción de Cambiemos.

La destrucción de empleo registrado privado impacta fuerte en Tierra del Fuego

En miles de trabajadores privados registrados en Tierra del Fuego, sin estacionalidad

Fuente: Instituto de Trabajo y Economía en base a MTEySS

 

DONDE APRIETA EL ZAPATO (2)

El salario de los trabajadores metalúrgicos de todo el país sufrió un retroceso en 2016 del -6%, sin que la paritaria 2017 haya logrado revertir esa caída. Dado que este año se pactó un aumento en dos tramos, y que el segundo se efectivizó en julio (además, se concertó el pago de dos sumas fijas para los meses de noviembre 2017 y febrero 2018), el fallido acuerdo hubiera significado que los trabajadores de la industria electrónica fueguina no hubieran recibido aumentos en sus haberes a lo largo de 35 meses.

Si hubiera regido el congelamiento salarial dispuesto en el acuerdo rechazado y aún con una estimación de inflación conservadora [1],  el salario real de los trabajadores fueguinos del mes de junio 2020 estaría un -32% por debajo del salario vigente en igual mes de este año, en tanto que el salario promedio del primer semestre de 2020 sería un -37% menor al del promedio de igual periodo de 2015.

Los trabajadores de la industria de electrónica fueguina hubieran perdido un tercio de su poder adquisitivo

Salario real base Ene-16 = 100

Fuente: Instituto de Trabajo y Economía en base a MTEySS

Vale la pena destacar que si en vez de la proyección propuesta en el gráfico anterior se utiliza una inflación promedio anual para 2018 y 2019 compatible con las metas del BCRA, es decir si se asume el improbable escenario de que la inflación anual a diciembre de cada año sea, respectivamente, 12% y 6,5%, el retroceso del poder adquisitivo de los trabajadores de electrónica fueguinos igual hubiera sido importante: la caída a 2019 sería del -21% respecto a 2015 (-30% si se considera la proyección alternativa), y a eso se debería adicionar la merma del poder adquisitivo que tendría lugar durante el primer semestre de 2020.

Con la meta del BCRA la caída de los salarios de los trabajadores de electrónica también hubiera sido significativa

Salario real base Ene-16 = 100

Fuente: Instituto de Trabajo y Economía en base a MTEySS

 

UN TRASPIÉ DE LA PRECARIZACIÓN “HORMIGA”

El diagnóstico del que parte Cambiemos es que el despliegue de su programa macroeconómico requiere de una reconfiguración regresiva del patrón distributivo heredado del kirchnerismo. En esta dirección, desde muy temprano en la gestión, el Gobierno identificó a los convenios colectivos de trabajo y sus acuerdos salariales como un camino posible para avanzar en la dirección de ganar “productividad” a partir de restringir los derechos laborales.

De esta manera, el convenio celebrado en 2016 para la explotación petrolera de Vaca Muerta fue el primer paso dado para avanzar en esta estrategia “hormiga” de precarización laboral. Sin embargo, con el acuerdo (ahora rechazado por la UOM) en la industria electrónica se alcanzó la expresión máxima de esta estrategia.

Un dato que pasó relativamente desapercibido en los proyectos de reforma laboral (ver acá) es que en ellos se consolida la posibilidad de que se consumen retrocesos en los derechos laborales por la vía de los acuerdos colectivos. Ejemplo de ello, es la posibilidad que se acuerde la creación de fondos de indemnización costeados por los propios trabajadores o la extensión de la jornada de trabajo de las pasantías hasta 40 horas semanales.

La marcha atrás de la UOM en el acuerdo de la industria electrónica constituye un traspié de esta estrategia, pero seguramente no significará el abandono de este camino de precarización a nivel sectorial, a la par que a nivel macro se intentarán plasmar retrocesos en la legislación laboral.

 

[1] Se supone una gradual desaceleración de la inflación, que para el mes de junio de 2020 estaría en el orden del 15% anual. Es decir, el ejercicio asume que la política antiinflacionaria del Gobierno tiene efectividad, pero sin llegar a cumplir con las metas de inflación del BCRA.

Fuente: ITEGA

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