Desarrollo de energías renovables Contexto latinoamericano y el caso argentino.

Resulta evidente que el impulso de las energías renovables en América Latina reviste fundamental importancia, tanto desde la perspectiva del desarrollo energético sustentable, como desde el fomento hacia la inversión de capitales privados. Los casos de Brasil, Chile y México, históricos líderes en la materia, evidencian los beneficios ecológicos y económicos de apostar por las fuentes limpias, mientras que las experiencias de Uruguay, Costa Rica, Honduras y Perú demuestran que, incluso para economías más pequeñas, es posible emprender el camino hacia matrices con mayor participación de las energías renovables si se cuenta con las políticas adecuadas y recursos naturales que generen interés y confianza en el sector privado. A la luz de este avance en la región, resulta imperativo que Argentina aproveche el impulso generado por la entrada en vigencia de la Ley 27.191 para revertir la situación de actual desventaja en relación con el resto de los países latinoamericanos. En un contexto mundial cada vez más influenciado por la amenaza del cambio climático, la polución generada por las fuentes de energía convencionales y los avances tecnológicos orientados al aprovechamiento de recursos naturales, el interés generado por los proyectos destinados a la explotación de fuentes renovables es creciente, tanto desde los Estados nacionales, como desde los inversores privados. En el país, el marco para invertir en este tipo de proyectos es altamente favorable, teniendo en cuenta el potencial de recursos y los diferentes climas que forman parte del territorio argentino, así como el fuerte consenso existente, tanto general como político, en apoyar y fomentar proyectos de inversión que reduzcan el déficit energético argentino, al tiempo que contribuyan a disminuir los efectos adversos del cambio climático. En este sentido, es destacable el proyecto de Ley para generación de energía distribuida presentado por el diputado nacional Juan Carlos Villalonga. El escrito, titulado “Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Publica”, apunta a complementar el impacto del programa RenovAr, alentando a pequeños contribuyentes a volcar energía limpia a la red nacional a través de fuentes renovables que no superen los 300 KW de potencia instalada. Con el objetivo de fomentar la adquisición del equipo de generación de energía renovable y ayudar al contribuyente a amortizar la inversión en un tiempo razonable, el proyecto incluye una “tarifa de incentivo” por cada KW por hora que el usuario entregue a la red de distribución, que será establecida por la Autoridad de Aplicación (el Ministerio de Energía y Minería de la Nación) y tendrá una vigencia de 5 años a partir de la instalación del equipo. Además, el documento propone regímenes de promoción para la creación y radicación de empresas fabricantes y ensambladoras de equipamiento destinado a la generación distribuida de energía eléctrica desde fuentes renovables, que contemplan la estabilidad fiscal de la compañía por un plazo no menor a 10 años. En consecuencia, la implementación de políticas públicas y el desarrollo de proyectos privados de gran envergadura destinados a incentivar el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente, así como la generación de energía eléctrica que permita satisfacer una demanda cada vez mayor, impulsada por el crecimiento económico de la región, constituyen, hoy en día, contextos económicos muy atractivos para los capitales privados, como lo demuestra el progresivo flujo de inversiones en todo Latinoamérica. En el caso particular de Argentina, además de un fuerte fomento existente desde el ámbito público y un buen clima de negocios que atrae cada vez un mayor número de inversiones, las características climáticas y geográficas únicas del territorio permiten planificar proyectos por demás redituables utilizando energía solar en el NOA y en Santa Fe, eólica en la Patagonia y en el sur de la Provincia de Buenos Aires, generada por biomasa en el NEA y en la región pampeana, así como energía de tipo hidráulica en provincias como Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Tucumán.

Fuente: KPMG

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