De los votos a las inversiones, una agenda desafiante

La ampliación del horizonte político es una de las derivaciones más importantes del resultado de las elecciones de ayer. La nueva composición del Congreso tiene triple valor, porque los últimos 22 meses no han sido fáciles, porque en la región países importantes como México y Brasil no están en condiciones de ofrecer mayor certidumbre hasta el desenlace de sus presidenciales de 2018 y porque en el mundo el voto con sensatez es un bien cada vez más escaso, a juzgar por lo ocurrido desde el Brexit en adelante. Los mercados financieros capturan rápido estas peculiaridades pero, atención, que para transformar votos en inversión productiva se requiere también cumplir una agenda desafiante, en términos de acuerdos políticos y de reformas de una economía que dista de ser competitiva, eficiente y equitativa.

Al igual que en las “economías electorales” de 2011; 2013 y 2015, en este 2017 el PIB está creciendo a ritmo razonable, pero hay gran diferencia en la sustentabilidad. Ahora es la inversión la que está liderando el ciclo y es la entrada de capitales la que financia los desequilibrios que subsisten, lo que lleva este año a una suba estimada de 14 mil millones de dólares de las reservas del Banco Central, en contraste con las tres últimas elecciones bajo el gobierno anterior, cuando el BCRA perdió reservas por entre 5 y 13 mil millones de dólares cada uno de esos años. El hecho que ahora pueda proyectarse un 2018 con crecimiento, revirtiendo la “maldición de los años pares”, no significa que el gobierno pueda relajarse. Hasta ahora, la difícil transición fue financiada con endeudamiento, herramienta disponible por el “beneficio de la duda” del que goza la gestión presidencial. Sin embargo, de aquí en adelante, la Argentina deberá ser capaz de demostrar que puede transformar esta recuperación en crecimiento sostenido, para lo que necesita: a) Por un lado, cumplir con la meta de reducción del déficit fiscal, de manera que el riesgo país pueda seguir bajando; b) Por otro lado, recuperar competitividad día a día, que en algunos casos implica reducir la presión impositiva, lo que afecta el primero de los objetivos y, en otros, requiere reformas que afectan intereses creados, caso de cierta burocracia estatal o de poderes monopólicos empresariales o sindicales. Lo que está en juego es la renovación positiva del “beneficio de la duda” antes que comience a agotarse. Y no se trata de palabras. En algún momento de 2018 será necesario constatar que la trayectoria de la deuda pública está en sendero sustentable y que la recuperación de competitividad se traduce en avance sostenido de las exportaciones.

Fuente: Fundación Mediterránea

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