Argentina

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La actividad económica creció en la Argentina durante 2017. En los primeros nueve
meses del año registró un incremento del 2,5%, a partir del crecimiento del consumo
privado, el gasto público y la inversión, con lo que se recuperó la caída del 2,2%
constatada en 2016. Al mismo tiempo, la tasa de inflación se redujo del 40,5% en
2016 al 26% en los primeros diez meses de 2017, y el empleo registrado aumentó un
1,4% en el acumulado del año hasta agosto.
La recuperación de la economía argentina durante 2017 respondió tanto a factores externos como
internos. Entre los factores externos se encuentra el leve repunte de la economía brasileña, que se
reflejó en una gradual recuperación de las exportaciones a ese país. Entre los factores internos se
incluyen el crecimiento de los salarios y del gasto en prestaciones sociales en términos reales, el
impulso de la obra pública y el aumento de los préstamos bancarios al sector privado, que fomentaron
la expansión del consumo y de la inversión. Con esta dinámica observada hasta el tercer trimestre del
año se estima que el crecimiento de 2017 finalizará en un 2,9%.
La dinámica sectorial y del empleo en 2017 fue heterogénea. Sectores favorecidos por el
cambio de precios relativos, por la obra pública o por acuerdos comerciales específicos —como el
agropecuario, la construcción y el complejo automotor, respectivamente— registraron un elevado
crecimiento. En tanto, los sectores afectados por la flexibilización de los controles a las importaciones
y la apreciación de la moneda local, como la industria textil y la electrónica, continuaron cayendo. La
heterogeneidad de la recuperación también se observó en el mercado de trabajo, donde se constató un
mayor incremento del empleo público, de los asalariados que trabajan en casas particulares y del
cuentapropismo en relación con el empleo asalariado privado registrado (que apenas se elevó un 0,4%
en el acumulado hasta agosto).
El endeudamiento externo tuvo un marcado aumento en 2017, que financió el déficit fiscal y
de la cuenta corriente, y que explicó el incremento de las reservas internacionales. El déficit de la
cuenta corriente se profundizó en 2017, ubicándose en un 4,2% del PIB en el primer semestre, a partir
del aumento de las importaciones de bienes y servicios —producto de la recuperación económica, de
la reducción de los controles o aranceles a las importaciones y de la apreciación de la moneda
local—, así como del incremento de los pagos de intereses de la deuda externa. Por su parte, el
déficit fiscal se mantuvo elevado en los primeros diez meses del año (un 4,7% del PIB), pese a la
política de reducción de los subsidios de los servicios públicos, a la recaudación
extraordinaria del impuesto especial del blanqueo de capitales y al aumento de los ingresos
tributarios asociados al mayor nivel de actividad.
En 2018 se espera que se mantenga la dinámica de crecimiento, en tanto no se modifiquen sustancialmente las condiciones financieras internacionales. La intensidad del crecimiento dependerá, por una parte, del
sostenimiento de la recuperación de los socios comerciales, y, por la otra, de la evolución de los
ingresos reales de las familias, del crédito al sector privado y del sesgo de la política fiscal.
En un escenario de mayor crecimiento previsto para el Brasil en 2018, un leve crecimiento de
los salarios reales y estabilidad real del gasto público, la economía argentina crecería en torno al 3%.
En materia fiscal, la política tuvo un sesgo expansivo en 2017, a partir del incremento real del gasto público. Como resultado del mayor crecimiento de los ingresos en relación con los gastos en el acumulado de los primeros
diez meses de 2017 (un 30,8% nominal frente a un 24,2%, respectivamente), el déficit primario
se redujo al 2,8% del PIB (del 3,8% en el acumulado al mismo período de 2016). Tras el pago de los intereses de la deuda, el resultado fiscal ascendió al 4,7% del PIB, por encima del 4,1% registrado en igual período de 2016. Por
otra parte, si se excluyen los ingresos de carácter extraordinario por la política de exteriorización
(blanqueo) de capitales, el déficit primario asciende al 3,3% y el financiero llega al 5,2%.
En cuanto al gasto primario, se destaca el crecimiento de las prestaciones sociales (38,2%) y de los gastos de capital (20,4%), y la caída de los subsidios económicos (-22,9%). El programa de reparación histórica para los jubilados —que consistió en recalcular los haberes mal liquidados en el pasado— contribuyó al aumento del gasto en
prestaciones sociales, y las subas en las tarifas de gas y electricidad explicaron el descenso de los subsidios económicos. Por el lado de los ingresos, se destaca el incremento de los ingresos tributarios (29,6%), asociados al efecto de la recuperación económica y al blanqueo de capitales (cuya recaudación alcanzó los 43.000 millones de pesos en el acumulado del año, equivalente al 0,5% del PIB).
El financiamiento del déficit provino principalmente de la emisión de deuda en moneda
extranjera (52.000 millones de dólares entre enero y septiembre) y en moneda local (equivalente a
20.000 millones de dólares). En particular, la deuda externa de la administración central aumentó hasta
el 19,9% del PIB en el segundo trimestre de 2017 (desde el 18,1% del PIB a fines de 2016).
Al cierre de esta nota, el Gobierno Nacional había enviado al Congreso una propuesta de
reforma tributaria orientada a reducir la presión fiscal sobre las empresas, con el espíritu de fomentar
la inversión y las exportaciones. Los puntos más sensibles buscan reducir el impuesto a las ganancias
reinvertidas de las empresas (del 35% actual al 25% hacia 2021) y bajar las contribuciones patronales
al sistema de seguridad social. Asimismo, se acordó con las provincias un proyecto para una nueva ley
de responsabilidad fiscal (que incluye pautas para la evolución del gasto real y del empleo en las
provincias, así como una revisión de la coparticipación federal de impuestos y una reducción de los
impuestos provinciales que se superponen a los nacionales). De manera complementaria, también se
envió al Congreso una propuesta de reforma previsional que, entre otras modificaciones, incluye una
nueva fórmula de actualización de las jubilaciones por inflación y por salarios, que apunta a contener
los incrementos jubilatorios y, en consecuencia, el gasto previsional.

Fuente: CEPAL

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