El pedido de salvataje al FMI es un manotazo de ahogado de la Alianza Cambiemos en el marco
de la corrida cambiaria que irrumpió a mediados de abril de 2018. Se trató de una corrida que se
desenvolvió sobre la base de factores externos (la esperable suba de la tasa de interés en Estados
Unidos) que actuaron por intermedio de factores internos, los cuales se asocian con las
características del modelo de valorización financiera que instauró Cambiemos y las inconsistencias
de su programa económico.
Es decir, la incubación de una burbuja financiera sobre la base de las altas tasas de interés de las
Lebac respecto a la variación del tipo de cambio, garantizaba altos rendimientos en dólares de las
colocaciones, máxime en un contexto de liberalización del mercado financiero y de cambios. De allí
que el intento del gobierno de reducir la tasa de interés a principios de este año constituyó un punto
de inflexión en el modelo de valorización financiera ya que, por primera vez, se redujo la tasa de
interés al mismo tiempo que subió el tipo de cambio, lo que tendió a estrangular los rendimientos en
dólares de las Lebac, cosa que se agravó dada las circunstancias internacionales.
El gobierno fundamenta que la vuelta al FMI es por el exceso del gasto público que heredó del
kirchnerismo, lo cual no sólo desconoce la variable independiente de los problemas económicos
domésticos -esto es: la escasez de divisas, agravado durante el gobierno de Cambiemos por la
apertura comercial, la desregulación del mercado de cambios y del movimiento de capitales- sino
que también omite el hecho de que bajo el gobierno de Macri se incrementó el déficit fiscal como
consecuencia de la reducción de impuestos a sectores de altos ingresos (las retenciones a las
exportaciones fueron su mayor exponente pero no el único) y el aumento del pago de intereses de
la creciente deuda pública.
Bajo estas circunstancias, cabe señalar que el monto del acuerdo adquiere relevancia en
términos históricos. No solo el primer desembolso efectuado en junio (15.000 millones de dólares)
fue el más importante de la historia entre el FMI y la Argentina, incluso superior al de la gran
crisis de 2001, sino que el acuerdo total equivale a casi el 80% del total de los préstamos del
FMI a la Argentina en las últimas cuatro décadas. De esta manera, el gobierno de Macri sigue
acumulando récords históricos en materia de endeudamiento externo, tal como lo hizo en 2016 y
2017, solo que ahora bajo la tutela del prestamista de “última instancia”, el FMI, con sus
derivaciones en términos de las condicionalidades de la política económica doméstica.
Tanto las metas establecidas en el acuerdo como el enfoque subyacente ponen en evidencia que
nada cambió en el FMI pese a los intentos de maquillarlo con las medidas sociales focalizadas a
los sectores más vulnerables y a la “igualdad de oportunidades para las mujeres”.
En primer lugar, el acuerdo Stand by establece los parámetros habituales: fija metas de ajuste
fiscal, de activos y reservas del Banco Central, metas de inflación, y las acciones fiscales,
monetarias y cambiarias que deberán implementarse para alcanzarlas.
Al respecto, resulta interesante destacar, por un lado, que para el FMI las metas fiscales
establecidas por el gobierno son audaces y ambiciosas -o, dicho de otra manera, de escasa
probabilidad de cumplimiento en 2019-; por el otro, que el gobierno se comprometió en el
acuerdo a descargar el 30% del ajuste en el achicamiento de las transferencias a las provincias
y a postergar la reducción de ingresos fiscales, como es el caso de las retenciones a las
2
exportaciones de soja. También se destacan las probables ventas de activos del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad, la reducción de la masa salarial del empleo público, el recorte en la inversión en
infraestructura, etc. De concretarse el ajuste en los términos del acuerdo al cabo de dos años
casi se extinguirían las transferencias a las provincias (recorte de 75%), se reduciría la
tercera parte de los subsidios y del gasto de capital, la masa salarial del empleo público
caería en alrededor del 10%, y las compras estatales en el 20%. Se trataría, por consiguiente,
de un “mega ajuste” en el gasto público equivalente a casi el 14% del mismo.
En segundo lugar, el enfoque subyacente del programa y los pronósticos es el tradicional del
FMI, que parte del supuesto de que los desequilibrios emanan de la sobreexpansión de la demanda
por efecto, principalmente, de la elevación del gasto público. Consideran a la devaluación como
expansiva por el aumento de la competitividad de las exportaciones, sin considerar las
especificidades de las economías subdesarrolladas como la de Argentina, que tienen una escasa o
nula capacidad de respuesta de las exportaciones fabriles a la suba del tipo de cambio y que la
“inflación cambiaria” erosiona el salario real y, consiguientemente, se produce un sobre ajuste en el
consumo (caídas del consumo privado y el del público), lo cual extiende y agrava los períodos
recesivos que se derivan de políticas de esta naturaleza.
Dados sus supuestos el Staff del FMI considera que las consecuencias de la devaluación son
transitorias y se revierten rápidamente a pesar del ajuste. Si bien el FMI se destaca por errar en
los pronósticos económicos cabe señalar que en el escenario base plantean un estancamiento de la
economía en 2018 y una expansión de apenas el 1,5% en 2019, pero aclaran que hay “riesgos
importantes de sostenibilidad de la deuda”. Ello, como consecuencia del elevado nivel de deuda
externa y de la deuda del Banco Central, el alto déficit externo -todos ellos acumuladas o agravados
en apenas dos años y medio de gestión de Cambiemos- y las necesidades de financiamiento del
déficit fiscal en el marco de metas que el FMI no sólo considera ambiciosas sino que además pone
en tela de juicio “la habilidad del gobierno para construir el apoyo para las posibles medidas que
necesitan ser aprobadas por el Congreso». Por ello elaboran también un “escenario adverso” con
tasas de crecimiento más bajas (-1,3% en 2018 y 0% en 2019) y con superiores riesgos para la
sostenibilidad de la deuda. Si algo cambió en el FMI no es el marco teórico ni las políticas que
propone sino, apenas, cubrirse de lo evidente.
Es indiscutible que la resultante de un superior ajuste en el proceso económico no será otra
que la de inducir una fase recesiva. De su magnitud y velocidad dependerá la magnitud de la
recesión en el segundo semestre y la duración de la crisis económica, pero que seguramente
se topará, como ya lo viene haciendo, con la resistencia de los sectores populares. El recurso del
FMI es un intento del gobierno de imponer el ajuste como una obligación externa. El interrogante es
si lo podrá hacer ante las actuales relaciones de fuerzas que no parecen desplazarse a su favor.
2. El monto del acuerdo en perspectiva histórica
El FMI aprobó el 20 de junio de 2018 un acuerdo Stand by de tres años por 50.000 millones de
dólares a favor de Argentina. El primer desembolso alcanzó 14.965 millones de dólares. El monto
restante del acuerdo (alrededor de 35.000 millones) se desembolsará a partir de septiembre de este
año y hasta mediados de 2021 (en torno a los 2.910 millones de dólares por trimestre) supeditado a
exámenes trimestrales a cargo del del FMI.
Se trata de un acuerdo cuya magnitud adquiere relevancia en términos históricos. Para alcanzar una
dimensión de tal magnitud cabe realizar una comparación entre los desembolsos efectivos que
realizó el FMI desde 1980 y que constan en la Balanza de Pagos que elabora el INDEC valuados a
dólares constantes de 2017 (Gráfico 1).
3
Al respecto, lo primero que cabe señalar es que, de concretarse los desembolsos por 50.000
millones de dólares, el acuerdo actual equivaldría al 77% del total de los préstamos del FMI a la
Argentina en las últimas cuatro décadas. Esto surge de considerar que el total de los
desembolsos efectivos entre 1980 y 2017 totalizaron 65.000 millones de dólares medidos a valores
de 2017.
En segundo lugar, vale apuntar que el monto del préstamo previsto para este año (14.965 millones
de dólares ya depositados, más los 5.820 millones de los desembolsos trimestrales de septiembre y
diciembre) marcarían un récord histórico en los desembolsos efectuados por el FMI a la
Argentina, incluso superior del que se realizó para resolver la crisis de fin de siglo.