Algunos comentarios sobre el Sistema Previsional Argentino

La Argentina transita una etapa de “bono demográfico”; se trata de los años previos al
período en que el envejecimiento poblacional impacte significativamente en los costos
del sistema previsional, lo que puede comprometer su sustentabilidad. Hoy en día, el
pago de las jubilaciones y pensiones que están a cargo de la ANSES (Administración
Nacional de la Seguridad Social) representa alrededor de cuatro de cada diez pesos del
presupuesto de la Nación. Con insuficiencia de ingresos para cubrir las erogaciones a qu
que ingresan al sistema, el Tesoro de la Nación cubre ese déficit previsional que
conforma buena parte del déficit fiscal general. Del total de recursos coparticipables, la
ANSES recibía hasta 2015 un 15% en virtud de un pacto fiscal de los años 90. En 2016
paso a recibir un 3% menos, y a partir de este año se redujo otro 3% esa cesión de fondos
por parte de las provincias. De mantenerse lo previsto, para 2020 ya no existirá esta
fuente de ingresos para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo cual lleva a
plantear la necesidad de reformularlo.
Las cuestiones mencionadas fueron contempladas por los legisladores en 2016 al
aprobarse la Ley 27.260 de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. Se trata de
una norma amplia, ya que además de disponer el blanqueo fiscal, estableció un plan de
recomposición de haberes para jubilados (“Plan de Reparación Histórica”) y creó el
Consejo de Sustentabilidad Previsional asignándole una misión concreta: elaborar un
proyecto de reforma integral del régimen jubilatorio que deberá estar listo para 2019.
La composición del financiamiento de las prestaciones será el punto preponderante a
ser revisado por quienes preparen la reforma mencionada. Asimismo, menciona otros
aspectos que serán valorados a la hora de realizar modificaciones, como la edad
jubilatoria, la cantidad de años de aportes necesarios para acceder a la jubilación plena
y la unificación del momento de retiro entre hombres y mujeres, el cual actualmente se
encuentra establecido en 65 y 60 años, respectivamente. Asimismo, con dicha reforma
se implementó en el país la pensión universal al adulto mayor ($ 5797 a Septiembre/17),
la cual consiste en que aquellas personas mayores de 65 años que no cuentan con
ningún otro beneficio cobren el 80% de una jubilación mínima (fijada en $7246 a
Septiembre/17), siendo financiada por el Tesoro de la Nación. Se trata de una prestación
de carácter vitalicio que no genera derecho a pensión.
En 2017, en el segundo ajuste anual de las prestaciones del Sistema Integrado
Previsional Argentino –conforme lo establece la Ley de Movilidad N° 26.417 para los
meses de marzo y septiembre– se aplicó una suba de 13,3% sobre los valores vigentes.
Vale mencionar que el Gobierno Nacional ya había dispuesto en marzo pasado una suba
de 12,96%, lo que finalmente arrojó un aumento interanual del 28%, cifra que se ubica
por arriba de la meta de inflación oficial 2017 fijada por el Banco Central de la República
Argentina (12 a 17%), y aun por encima de los relevamientos de expectativa de inflación
que realiza el citado organismo (23%). Con los valores vigentes a partir de septiembre de este año, el haber mínimo jubilatorio, como ya se señalara, se ubicó en $7246 y la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM) en $ 5797, en tanto que la Asignación Universal por Hijo quedó establecida en $ 1412. La aplicación del aumento beneficia a
más de 8,4 millones de prestaciones del SIPA (6,9 jubilaciones y pensiones y 1,5 millones
de pensiones no contributivas).
Respecto a la edad de retiro, Emilio Basavilbaso –Director Ejecutivo de la ANSES– declaró tiempo atrás que el Gobierno Nacional buscaba llevar al Congreso un Proyecto de Ley que establezca una extensión voluntaria de la edad jubilatoria, extendiendo la actividad laboral 5 años más allá de lo que actualmente establece la ley. De hecho, recientemente obtuvo dictamen en el Plenario de Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo
el Proyecto de Reforma del Sistema Previsional y próximamente comenzaría a ser tratado en la Cámara Alta –donde se estima que obtendría aprobación inmediata, a juzgar por los aportes que distintos bloques hicieron dentro del plenario mencionado– y luego pasaría a la Cámara Baja.
Originalmente, el proyecto preveía reemplazar la fórmula hoy vigente para que la misma pase a estar directamente atada a la inflación, con un plus ligado al crecimiento del PBI.
Tras el debate en comisión, bloques Justicialistas propusieron modificar el cálculo de haberes jubilatorios original y se aprobó que el mismo sea en base a un 70% por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y el 30% restante por la variación del RIPTE, un indicador del Ministerio de Trabajo que mide la evolución del
salario de los estatales. De este modo, las jubilaciones y pensiones se actualizarían trimestralmente con una fórmula que incorpora la inflación y la evolución de los salarios, y se garantiza una jubilación equivalente al 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil para aquellas personas que hubieran cumplido los 30 años de servicio con aportes efectivos.
Asimismo, otro de los contenidos destacados del proyecto de reforma sería la posibilidad de extender en forma optativa la edad jubilatoria hasta los 70 años para hombres y mujeres. Cabe destacar que los 65 años de edad para los hombres como edad mínima de retiro que rige en Argentina es muy similar a los 64 años de promedio de
edad en los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); en cuanto a las mujeres, la edad promedio en dicho grupo de países es de 63 años.
En el marco de las reformas en debate, especialistas coinciden en que el número de juicios contra el Estado por reajuste de haberes se vería aumentado –si es que el Proyecto finalmente se convierte en ley– puesto que la misma se aplica retroactivamente y modificaría la fórmula de movilidad, otorgando aumentos que estarían por debajo de los montos jubilatorios que se prevén obtener con la formula vigente, que se calcula en base a un índice de salarios y recursos tributarios destinados a la Seguridad Social.

Fuente: CAC

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